La Cámara de Diputados aprobó con 481 votos a favor la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares. El documento será remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Fernando Macías, al posicionar el dictamen consideró como un gran logro la aprobación de este documento, poniendo el ejemplo de los deudores alimentarios.
“Muchas cosas de lo que se está logrando en este código, los tenemos que comunicar con muchísima claridad. Con este nuevo código le decimos a las madres de familia que terminan esos vía crucis de estar persiguiendo a los padres que no dan pensión alimenticia y se podrán dar ahora pensiones provisionales en menos de 24 horas y los centros de trabajo de los poderes judiciales tendrán que dar en menos de tres días los descuentos a los deudores”, explicó.
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De acuerdo con los legisladores, la publicación del código simplificará los procesos legales, que en muchos casos se prestaban para actos de corrupción o que complicaban el acceso a la justicia. Entre las medidas para que esto sea posible se contempla que los juicios en materia civil y familiar se realicen de forma oral, así como la digitalización de procesos.
Además, ordena y define los procedimientos para la impartición de la justicia civil, estipula los procedimientos por los que se debe llevar a cabo el juicio oral familiar, contempla y regula las acciones colectivas para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, mismas que serán ejercidas ante los órganos jurisdiccionales de la Federación en el ámbito federal y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.
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También, establece el método para interponer los recursos y juicios de responsabilidad, y considera que todos los procedimientos judiciales y los trámites que los integran, del orden civil y familiar, podrán tramitarse en línea y, en su caso, celebrarse todas o algunas audiencias a distancia, presentarse promociones y emitirse resoluciones electrónicas, así como autenticarse las mismas con firma electrónica certificada.
Por último, plantea la competencia de los órganos jurisdiccionales y que ésta será determinada por la materia, el grado y el territorio.