Familiares de los 43 jóvenes desaparecidos hace más de 8 años en Iguala, en Guerrero, señalaron al Ejército de México por la falta de avances en la investigación del caso, en una marcha que congregó a varios cientos de personas en la capital. 

Padres, madres y demás familiares de los jóvenes estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, así como organizaciones y personas que a título personal se solidarizan con la causa, se manifestaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Benito Juárez, en el centro de Ciudad de México. 

Al grito de «vivos se los llevaron, vivos los queremos», tristemente popular en un país que acumula más de 112 mil personas desaparecidas, los familiares de las víctimas acusaron la connivencia entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas para pausar las indagaciones. 

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«Las investigaciones están trabadas, llegamos a un momento en el que las líneas van hacia el Ejército y no dan la información que se les ha solicitado, y ahí estamos estancados», dijo a EFE Mario César González, padre de César Manuel González, uno de los 43 jóvenes que siguen desaparecidos. 

González consideró que la opacidad de los militares está avalada por el creciente poder que les ha otorgado el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideró poco viable que faciliten la información necesaria para avanzar en las investigaciones y determinar su responsabilidad en el caso. 

«Está difícil. Desafortunadamente (López Obrador) lo empoderó mucho, al Ejército. Pero nosotros no vamos a claudicar, si no a seguir y hacer lo necesario para que se abran esas líneas de investigación», subrayó. Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 desaparecidos, coincidió con el diagnóstico de que la llave para muchas de las evidencias que demandan las víctimas se encuentra en los cuarteles. 

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«Tendrían que facilitar la información que tienen, el acervo probatorio que acumularon el día de los hechos (…). Pero niegan su participación y se niegan a dar la información, en ese punto estamos estancados», señaló a EFE el letrado, quien tampoco tiene esperanzas de que el Gobierno presione a los militares para que colaboren. 

Rosales consideró contradictorio que las investigaciones se paralizasen después de que, el pasado agosto, un informe de la Comisión para la Verdad y Acceso de la Justicia del Caso Ayotiznapa (Covaj) concluyese que la desaparición de los jóvenes fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles. 

«Fue cuando la investigación llegó al Ejército, y todo cambió. Es una institución intocable en este país», dijo.  González agregó la responsabilidad del nuevo fiscal a cargo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez, quien dijo que fue elegido para que nada avanzase. 

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«El Estado ya dio el paso de reconocer que fue un crimen de Estado, pero no da lo necesario para dar con el paradero de los muchachos, que es lo más importante», zanjó.