La gran diferencia entre las llamadas ciencias sociales –una de ellas la política, o al menos su análisis—y las ciencias exactas es la inmutabilidad de los principios en este caso y la ductilidad de las premisas en el otro.

La política es un arte engañoso y mudable.

La ciencia –en términos de rigor físico o químico; matemático o astronómico, por dar algunos ejemplos–, resulta precisa y constante. No importan los avances a los cuales la humanidad ha llegado escudriñando el mundo físico y sus descubiertas leyes: el agua sigue hirviendo a la misma temperatura de los tiempos cavernarios; la distancia entre la tierra y el sol no ha variado y la gravedad opera a la misma velocidad para cualquier objeto suspendido en el aire.

Por eso un estudiante de hoy –a pesar de Einstein–, sigue memorizando las leyes de Newton.

Pero en la política nada es preciso, nada es exacto y podríamos decir, nada es verdadero, ni siquiera cuando el político blasona su fidelidad a ciertos criterios cuyo enunciado es solo una etiqueta. Nadie gobierna con base en los principios proclamados; todo lo hacen con base en las excepciones.

Por ejemplo, el actual gobierno tiene como una de sus premisas fundamentales la austeridad; el ahorro, la protección del dinero del pueblo. Sin embargo, sus más onerosos proyectos han sido un absoluto despilfarro de recursos.

El más cercano y voluminoso de todos ha sido la cancelación (a cambio de nada), del aeropuerto de Texcoco, cuyo abandono causó un quebranto de 300 mil millones de pesos al erario. Esta cantidad ha estado sujeta a discusión. La Auditoría Superior de la Federación la expuso en un primer documento público, aunque después de varios tirones de oreja y amenazas desde el Palacio Nacional, haya reculado a cifras relativamente más pequeñas.

Pero el dispendio quedó ahí, como ha quedado en asuntos relacionados con la ruta del ferrocarril selvático, a quien nadie le mira utilidad alguna –al menos en el corto plazo– y cuyo presupuesto se ha elevado de manera irresponsable entre modificaciones, aplazamientos y querellas. El ecocidio no tiene costo financiero. Es incalculable.

“En junio pasado (2022), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó el Programa Nacional Ferroviario 2022 en donde detalló que la inversión del Tren Maya, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es de 230,000 millones de pesos (cabe recordar que en el 2018 la primera estimación refería que el tren costaría entre 120,000 y 150,000 millones de pesos, sin considerar las modificaciones que se han realizado sobre la marcha desde ese momento).

“Consultado sobre dicha situación, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, comentó que cuando el presupuesto de una obra se incrementa, como en el caso del Tren Maya, en cerca del 50%, dicho aumento ilustra, en el mejor de los casos, un problema severo de planeación, y en el peor de los casos, un posible sobreprecio (El economista).

Notable es también el caso de la refinería de Dos Bocas. Más allá de discutir sobre su utilidad, mientras el resto de las plantas del sistema PEMEX funciona con rendimientos mediocres, vale la pena mirar cómo se le han invertido recursos enormes, mientras la deuda de la empresa (productiva) nacional sigue siendo la más alta del mundo para una petrolera.

Originalmente iba a costar 8 mil millones de dólares (dos mil millones por arriba de las plantas de Iberdrola), y para terminarla se van a necesitar otros ocho mil millones.

Pero sin importar cuánto cuesten las obras ahí quedan y siempre será más barato –así haya sobrecostos notables–, y no en el futuro cuando todo cueste más caro. Lo malo es cuando se gasta dinero en algo sin sustitución, cuando se cercena, no cuando se construye.

Y en este último caso está la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo.

En octubre de 2022 esta institución informaba con esta ufana tonadilla:

“La Financiera Nacional de Desarrollo (FND) trabaja en el proceso de su fortalecimiento operativo, a través de un modelo de sustentabilidad financiera y administrativa que busca revertir los problemas heredados de administraciones anteriores, vinculados mayormente a cartera vencida, y que se vienen arrastrando por años.

“Estas acciones han permitido mejorar paulatinamente la rentabilidad y eficiencia de la institución, lo que se traduce en un modelo de crédito competitivo para los productores y el sector rural del país, por lo que no está prevista su desaparición.

“Este nuevo modelo sostenible, que es desarrollado a partir de las necesidades institucionales y del sector productivo rural, fue implementado a partir del primer semestre de 2022, a fin de reforzar las finanzas institucionales y modificar la tendencia de números rojos que se venía arrastrando desde antes de 2018, con el objetivo de alcanzar una operación sana de este organismo que tiene la misión de impulsar a aquellos productores rurales, cuyo acceso al crédito formal se encuentra limitado o con condiciones que los dejan en una situación de vulnerabilidad”.

Pero un año y meses después, la guillotina ha caído en su pescuezo:

“Al día de hoy la FND –dijo el presidente–, es un organismo atrofiado, incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorar el nivel de la población a través de los créditos al sector…”

Y, por tanto, el presidente ha enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para darle sepultura.

“La iniciativa con proyecto de decreto por el que se extingue al organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y que abroga su ley orgánica, señala que tiene como objetivo eficientar (sic) los recursos públicos dirigidos a los productores, con la finalidad de que estos recursos se entreguen directamente a las personas beneficiarias, sin intermediarias y sin gastos en infraestructura administrativa innecesaria.

“Cabe señalar que la historia de esta financiera data desde 2002, cuando se creó la Financiera Rural en sustitución del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). Posteriormente, en 2014, tras una serie de reformas al sistema financiero mexicano se le cambió de denominación a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, la cual es un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

Así pues, como se trata de una estructura burocrática costosa e ineficiente, se le debe dar cuello. Ese fue el argumento de Felipe Calderón para extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Por un lado, el ahorro como religión; por la otra el dispendio como solución.

Si todas las empresas públicas se van a valorar por sus estados financieros, nos vamos a quedar sin muchas de ellas. La más visible, el Metro de la ciudad de México.

Insuficiente, ineficiente, peligroso y en bancarrota financiera. ¿Algo más?

Y no por eso se va a cerrar, ¿O sí?

Rafael Cardona