El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó su segunda controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Plan B de la Reforma Electoral.
El instituto argumentó que dicho recurso pretende defender la autonomía del INE, además de también velar por la del Estado democrático contemplado en la “Norma Suprema”, es decir, la Constitución mexicana, debido al cúmulo de violaciones constitucionales que detectó a aproximadamente 200 artículos de la iniciativa, los cuales, aseguró, vulneran 25 disposiciones de tipo constitucional.
En dicha demanda, el INE solicita a la SCJN que se otorgue una suspensión mientras ésta se pronuncia sobre las controversias encontradas por el órgano autónoma presidido por Lorenzo Córdova Vianello, haciendo que dicha modificación a leyes secundarias en materia electoral sea interrumpida en su aplicación.
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La controversia constitucional interpuesta por el INE está justificada en cuatro ejes: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión; la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo; la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma, pues elimina hasta el 85% del Servicio Profesional de Electoral.
El pasado 1 de febrero, el INE presentó su primera controversia contra el Plan B Electoral, el cual fue aprobado y publicado el 2 de marzo de este año. El INE informó que la demanda de controversia la interpuso porque el Plan B “merma la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata”.
Uno de los puntos que más critica el organismo electoral es que con la reforma se permitirá que las y los servidores públicos puedan intervenir en las elecciones pues no habría ninguna prohibición.
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“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda”, argumentó el INE.
De esta forma, explicó el INE, considera que se le impide al ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda, las cuales, le son atribuidas en el Artículo 134 constitucional.
Además, el organismo electoral criticó la decisión de Morena de aprobar fast track el Plan B en la Cámara de Diputados, pues no cumplió “todas las etapas y formalidades”, por lo que “derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa”.