De 2015 a 2018, periodo que comprende los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo el permiso para realizar cuatro mil 170 intervenciones de comunicaciones privadas, de acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia.

De acuerdo con informes de la FGR que publica en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el registro de autorizaciones otorgadas por jueces a esa institución para la intervención de comunicaciones en 2020 fue de mil 632, mientras que en 2019 la cifra se ubicó en mil 782.

La instancia de la FGR que más obtuvo consentimiento de jueces para realizar esta práctica en 2022 fue la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con mil 656 autorizaciones otorgadas. También destacan 122 autorizaciones de jueces, el año pasado, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para realizar esta intervención de comunicaciones.

En una revisión que realizó El Sol de México a las sábanas que reporta la FGR sobre este aval de jueces al llamado “espionaje legal”, también se destaca que en 2022 se registraron 34 autorizaciones a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

La intervención de comunicaciones privadas está regulada en los artículos 16, 21 y 102, apartado A, de la Constitución, así como en los artículos 291 y 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los ordenamientos legales establecen que “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración”.

Las delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República que más reportan intervención de comunicaciones autorizadas por jueces en el periodo 2022 son las de Oaxaca, con 64, así como Jalisco y Veracruz, con 20 cada una. Le sigue la Delegación de la FGR en San Luis Potosí, con 17; la de Quintana Roo, con 11; la de Zacatecas, con diez; la de Querétaro, con ocho; la de Aguascalientes, con cuatro; la de Baja California Sur, con tres, y la de Colima, con una.

Otras instancias de la Fiscalía que recibieron en 2022 este tipo de autorizaciones para realizar “espionaje legal” fueron la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), con 28 avales; la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Control Regional, con 14 autorizaciones, y la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero (UEDE), con cuatro.

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la FGR gastó entre 2019 y 2020 unos 47 millones de pesos para acceder al servicio Echo-Plataforma de Consulta y Análisis de Datos Masivos, que proporciona la empresa Neolinx de México, el cual le permite realizar más de 135 mil geolocalizaciones de teléfonos celulares. Dicha plataforma permite además la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación, celulares y teléfonos de las compañías Telmex, Telcel, Axtel, Izzi, Movistar, AT&T, y otras empresas similares.