Las familias de los reclusos en una prisión de máxima seguridad en El Salvador ahora deben comprar paquetes mensuales de alimentos y suministros básicos de la prisión por un costo de 170 dólares (unos 3 mil 125 pesos mexicanos), una medida que ha generado preocupación no sólo a sus familaires, sino también a las organizaciones de derechos humanos, según el portal Infobae.

Antes de la implementación de la nueva política, las familias podían comprar y entregar sus propios alimentos y suministros a los reclusos. Sin embargo, ahora deben comprar la comida y elementos como papel higiénico y ropa dentro de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca cárcel y no pueden llevarles nada de afuera.

Los paquetes contienen varios artículos, incluidos alimentos, productos de higiene, ropa y artículos de limpieza, pero su contenido no está claramente detallado. Las familias que no pueden permitirse comprar los paquetes no tienen otra opción que dejar que sus seres queridos se vayan sin la alimentación y los suministros adecuados.

La nueva política también ha llevado al surgimiento de tiendas institucionales donde las familias depositan sumas que van desde 5 a 150 dólares (entre 90 y 2mil 750 pesos mexicanos) al mes para que los reclusos puedan comprar artículos de primera necesidad o pequeños lujos, como una botella de Coca-Cola, a precios inflados.

La Dirección General de Centro Penales de El Salvador, administrada por funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, también está realizando estos cobros obligatorios en al menos dos cárceles más del país (Apanteos e Izalco), bajo el argumento de que no permitirán por seguridad el ingreso de productos provenientes del exterior, y están planificando que esto se exteienda al resto de las prisiones en el país.

El gobierno de El Salvador ha declarado confidencial toda la información sobre las cárceles y sus políticas de seguridad, dejando a las familias y organizaciones de derechos humanos con dudas sobre cómo se utilizan los fondos recaudados, que se acuerdo con investigaciones, podría asecender en caso de implementarse a nivel nacional, hasta los 17 millones de dólares.