Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, obtuvo un amparo que deja sin efectos la orden de aprehensión librada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez Octavo de Distrito de Tamaulipas concedió la protección de la justicia al exmandatario para que se anule el mandamiento judicial que se libró el pasado 4 de octubre por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, por violaciones al debido proceso, por ello ordenó que se reponga el proceso y se dicte una nueva resolución al respecto.
Argumentó que la orden de captura viola un principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, toda vez que en este caso el juez de control acomodó dos tipos penales a las acciones atribuidas al panista. Señaló que la pertenencia a un grupo criminal, un supuesto hecho por el que se fincó el delito de delincuencia organizada, no acredita de forma automática el lavado de dinero.
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La decisión fue celebrada por el exgobernador, quien sostuvo que “una vez más, la justicia me da la razón. Un juez federal resolvió un amparo aclarando que no existen indicios de un supuesto lavado de dinero ni mucho menos de delincuencia organizada”.
A través de su cuenta de Twitter, García Cabeza de Vaca insistió que “la orden de aprehensión girada en mi contra siempre ha sido ilegal e inconstitucional”.
Por medio de un comunicado, sus abogados Diego Ruiz Durán y Ricardo Cajal Díaz señalaron que la medida fue promulgada en contra del exgobernador una vez que dejó el cargo, cuando no contaba con el fuero constitucional que lo protegía anteriormente, por lo que el juzgador pudo analizar el asunto de fondo.
“El juez advirtió que el supuesto esquema de lavado de dinero que se le imputó erróneamente a nuestro representado, se trata de una operación comercial de compraventa de un departamento que pertenecía a García Cabeza de Vaca, la cual fue plenamente lícita”, señaló.
Asimismo, la defensa explicó que la Fiscalía General de la República (FGR), actuó de manera equivocada, buscando culpar al exfuncionario de hechos que no habían ocurrido en realidad.
“El juez destacó en su resolución de amparo que la Fiscalía sesgó información y ocultó datos de prueba al juez de control, con la finalidad de hacer parecer hechos lícitos como un complejo esquema de lavado de dinero”, acusó la defensa. Tras esto, la FGR puede apelar la decisión del juez de Tamaulipas.