A través de una propuesta de reforma, el diputado federal Rubén Moreira Valdez, plantea la pérdida de registro de partidos políticos y la disolución de municipios, cuando se compruebe la injerencia de asociaciones delictivas, así como la suspensión de procesos electorales por motivo de homicidio de algún candidato.
Propone, también, determinar la imprescriptibilidad de delitos relacionados con este tipo de intervención y establecer una pena privativa de libertad, de 15 a 30 años, a quien, por omisión o acción, permita la participación del crimen organizado.
De cara a los jornadas comiciales que se desarrollarán en México y frente a la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, el líder congresista pretende que se investigue de donde viene el financiamiento de las campañas, además de dar herramientas al Instituto Nacional Electoral (INE) y blindar los comicios, para castigar a quien intente la intervención del narcotráfico.
Por ello, ante el clima de inseguridad que aqueja al país y frente a los hechos delictivos contra aspirantes y candidatos, el legislador priista plantea la creación de dos figuras adscritas al órgano electoral, las cuales tendrán la misión de proteger los procesos electorales en todas sus etapas y asegurar el voto libre sin la injerencia de grupos delincuenciales.
Bajo esta línea, el legislador impulsa la creación del Comisionado Electoral, como integrante del INE, para ordenar medidas de vigilancia preventiva y de protección para candidatas y candidatos a elección popular, así como a sus familias; elaborar protocolos de actuación en coordinación con la federación, las entidades federativas y los municipios, en materia de investigación y persecución de la posible filtración del crimen organizado en procesos electorales.
El diputado coahuilense también destaca la creación del Observatorio Electoral, figura que señaló, investigará lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de indicios de injerencia del crimen.
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Además de regular la propaganda y la disposición de los partidos como instituciones públicas para enfrentar la presencia del crimen organizado en los procesos electorales. Los partidos se deben pronunciar contra el narcotráfico, tanto en las campañas como en sus documentos básicos. A los candidatos se les debe prohibir hacer apología del crimen.
En el documento, estipula que la Cámara de Diputados sea quien nombre al Comisionado Electoral; mientras que la persona titular del Observatorio Electoral, sea nombrado por el Consejo General del INE, a propuesta de su presidente.
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