Pese a que este año la Secretaría de Gobernación (Segob) detectó un incremento del 32% de «personas en situación migratoria irregular», en la fronteriza Tijuana, al norte de México, los que acapararon los albergues y las instancias de apoyo fueron los migrantes desplazados por la violencia y el crimen organizado de estados mexicanos como Michoacán y Guerrero.
En el Día Internacional del Migrante, activistas coincidieron en que este año el flujo de estas personas incrementó hasta en un 50%, en comparación con el año pasado, como lo hizo saber José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000, quien consideró que “esto es una clara muestra de lo grave de la problemática de violencia que tiene el país”.
Para el activista, el dato del incremento en cuanto a población migrante de otros países es revelador porque es señal de que sigue saliendo la gente de sus lugares de origen pese a las inhibiciones que el Gobierno de Estados Unidos está realizando para procesar solicitudes de asilo. Sin embargo, consideró también que “al ser detectadas por autoridades nacionales quizá ni alcanzaron a llegar a la frontera”.
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El pastor Albert Rivera, director del albergue Ágape Misión Mundial, coincidió, pues dijo estar sorprendido de que la mayoría de migrantes y refugiados que llegan a Tijuana son mexicanos.
Rivera detalló que, tan solo en 2021, en su albergue atendieron alrededor de mil migrantes procedentes de Michoacán y Guerrero, “y este año fácil hemos atendido alrededor de 3 mil lo cual habla de un incremento de más del 50%, y muchos de ellos, en familias completas a las cuales amenazaron, secuestraron, asesinaron y torturaron”.
Para los activistas, el hecho de que este año también se estuvieran generando diversos movimientos migratorios, se debió principalmente al constante cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos, como sucedió con los venezolanos y con las leyes que constantemente cambiaron de parecer en cuanto al Título 42.
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Al hacer un balance general del año y la situación actual migratoria en esta frontera, Salome Limas, coordinadora del Instituto Madre Asunta, que “la actualidad migratoria es cruda, y es lamentable reconocer que las constantes violaciones a derechos humanos no disminuyen”.
Recalcó que el diseño de políticas migratorias con visión persecutoria vistas desde la militarización, han generado estas violaciones a sus derechos humanos y Tijuana no se ha visto exenta de ello.
Limas pidió tener mayor atención y consideración sobre ello, especialmente en la garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de protección internacional.
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