Gabriel Casillas
Normalmente me limito a escribir sobre asuntos económicos. Sin embargo, en esta ocasión considero es muy relevante echar un vistazo a la iniciative de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador en materia electoral en abril pasado y cuyo debate inició la semana pasada en la Cámara de Diputados. Dentro de los cambios propuestos se encuentran la reducción en el número de diputados y senadores, disminución del financiamiento a partidos políticos y reducción de los minutos diarios para promocionales de los partidos. ¡Qué maravilla! Salvo la segunda vuelta en las elecciones presidenciales que la iniciativa de reforma no contempla, lo demás es muy similar a mi carta a Santa Claus en materia electoral. ¿Dónde firmo? Desafortunadamente, al leer la iniciativa de reforma de manera holística y detallada, me queda claro que no solo dista mucho de mi carta a Santa Claus, sino que su diseño parece estar orientado a regresar a las ‘épocas doradas’ del PRI, en donde no importaba quién pudiera estar en la oposición, el PRI siempre ganaba y podía aprobar cualquier iniciativa con el Poder Legislativo, época a la que no creo que México no merece regresar. La reforma consta de cinco aspectos:
(1) Nueva conformación de la autoridad electoral. La reforma plantea desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), así como a los OPLEs (Organismos Públicos Locales Electorales), así como los tribunales electorales locales. Asimismo plantea la creación de una nueva autoridad central: El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), dirigido por siete consejeros, en lugar de once y que además, serían elegidos por medio del voto ciudadano. Asimismo, si bien le correspondería al INEC integrar la lista nominal de electores, no conformaría el padrón electoral, por lo que tampoco expediría la credencial para votar con fotografía. Hasta aquí dos temas clave. Por un lado, tener consejeros electorales por elección, me parece como un ‘uróboro’. Esa serpiente que come su propia cola y que simboliza el esfuerzo inútil. Organizar elecciones no es un asunto sencillo y para dirigirlas se necesita personal con la más alta capacidad, conocimientos profundos al respecto, probidad y apartidismo. En este sentido, probablemente quienes cumplan con esas características no sean buenos candidatos. Me parece como si una persona que requiriera de un procedimiento quirúrgico avanzado (e.g. cirugía de corazón), escogiera a una persona que ‘le cayera bien’ y prometiera sanarlo, en lugar de a un cirujano preparado y experimentado para llevar a cabo la operación. Por otro lado, ¿Quién se va a encargar de conformar el padrón electoral y de expedir la credencial de elector? Recordemos que desde 1991 la autoridad electoral (el IFE primero y luego el INE) conforma el padrón y otorga la credencial de elector. En mi opinión, la credencial de elector ha sido clave en la generación de confianza en los procesos electorales y ha sido tan exitosa que junto con el pasaporte, es casi de las únicas formas de identificación que puede utilizar un ciudadano mexicano para llevar a cabo trámites de toda índole. Una omisión en este sentido puede poner en peligro todo el sistema electoral (“Contra el INE, no”, 4 de mayo, 2021).
(2) Modificaciones a la composición del Poder Legislativo. Se plantea la reducción de diputados federales de 500 a 300 y en el Senado de 128 a 96, así como la reducción del número de diputados locales con base en criterio poblacional. Hasta aquí suena muy bien. Desafortunadamente la iniciativa plantea que en ambas cámaras a nivel federal los ciudadanos voten por el partido que deseen, pero los diputados y senadores serían escogidos por representación proporcional, ambos basados en listas estatales. Esto elimina el sentido de tener dos cámaras con diferente representatividad para discutir cambios en las leyes, principio del federalismo. Si bien me parece urgente la reducción en el número de diputados y senadores, considero que de esta manera se pierde más de lo que se gana, además de perder el vínculo entre el elector y el legislador, asunto que ha costado mucho tiempo ir logrando (“Menos legisladores sí, pero no necesariamente los plurinominales”, 29 de junio, 2021).
(3) Cambios al financiamiento y a la participación de los partidos políticos en medios. De nuevo, se escucha bien de principio. Sin embargo, por un lado, los incentivos podrían alinearse a que los partidos busquen fuentes alternativas de financiamiento no necesariamente legales, si esperan poder hacer frente al partido en el poder. Por otro lado, cómo podrían competir los partidos de oposición con pocos minutos en medios vis-à-vis las dos o tres horas diarias de la conferencia matutina del presidente. Por último, esto sería el fin de los partidos ‘chicos’.
(4) Modificación a la revocación de mandato. En este aspecto se plantea disminuir de 40 a 33 por ciento el porcentaje mínimo de participación ciudadana para hacer vinculante la revocación de mandato (el 10 de abril pasado participó el 17.77 por ciento). Considero que esto puede aumentar la ingobernabilidad en momentos difíciles, sin que necesariamente el jefe del ejecutivo esté tomando acciones de política erróneas.
(5) Instrumentar el voto electrónico. En este último punto, solo recuerdo dos eventos: “Se cayó el sistema” (1988) y el fuerte hackeo a los archivos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (2022). No sé ustedes, pero el voto electrónico no me genera ninguna confianza en un sistema electoral. Tal vez en el futuro con el desarrollo de blockchain y empresas que ofrezcan un servicio verdaderamente profesional, esto pueda cambiar, pero hoy no creo que México esté preparado para confiar en un voto electrónico.
Twitter: @G_Casillas
TE PUEDE INTERESAR: