El rapero iraní Toomaj Salehi se enfrenta a una posible pena de muerte tras haber sido acusado por la Justicia de «corrupción en la tierra«, cargo que engloba una serie de delitos contra la seguridad pública y la moral islámica y puede castigarse con la horca en Irán. Salehi había expresado su apoyo a las protestas contra el régimen desencadenadas tras la muerte de Jina Mahsa Amini.
El rapero y disidente, conocido por su nombre de pila Toomaj, se enfrenta además a las acusaciones de «propaganda contra el régimen, cooperación con estados hostiles, difusión de mentiras, incitación a la violencia«, informó este domingo la agencia de noticias oficial ISNA. Dos participantes en las manifestaciones han sido condenados a la pena capital, el último la semana pasada y el primero hace dos semanas.
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Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos tuiteó el sábado que el juicio de Toomaj Salehi había comenzado «sin un abogado de su elección», y su familia dijo que su «vida está en grave riesgo». «El juicio aún no ha comenzado, pero los cargos contra Toomaj Salehi han sido redactados y devueltos» al tribunal de Isfahán, dijo Assadollah Jafari, jefe judicial de la provincia central, según el sitio web oficial del poder judicial, Mizan Online.
El músico fue detenido a finales de octubre por «haber desempeñado un papel clave en la creación de disturbios y en llamadas y el fomento de los recientes disturbios en la provincia de Isfahan y en la ciudad de Shahinshahr», indicó entonces el fiscal de la ciudad de Isfahán, Mohamad Musavian. Su detención se produjo poco después de que le dijera a la emisora canadiense Canadian Broadcasting Cooperation: «Se trata de una mafia que está dispuesta a matar a toda la nación para mantener su poder, dinero y armas».
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Pocos días después, la televisión estatal publicó un vídeo del músico en el que supuestamente confesaba sus delitos. «Me equivoqué, dije que, como amigo, digo que escapen», «me equivoqué», «no me referí a ustedes» dice en la confesión, que tras su publicación generó la furia de varios activistas en las redes sociales, que condenaron la grabación como una confesión forzada.
El músico ya se ha enfrentado a las autoridades en el pasado y fue condenado a seis meses de prisión y una multa en enero de 2022 por «provocar a la violencia y la insurrección», aunque la pena de cárcel fue suspendida.
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