El subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) fue la instancia que decidió la vinculación a proceso de los detenidos por el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y no la Comisión de la Verdad que preside.
Esto luego de que abogados de los militares que presuntamente están involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron ante la FGR la fabricación de evidencias por parte de la comisión que preside Encinas.
“La Fiscalía General de la República ha sustentado las imputaciones contra los militares ante los tribunales, con base en evidencias sólidas y contundentes, lo cual ha sido confirmado por un juez al vincularlos a proceso”, dijo.
Los que hoy me acusan son parte, de quienes vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de #Ayotzinapahttps://t.co/wlrsW0w4yS
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) November 9, 2022
Y agregó: “Es importante reafirmar que el ejercicio de las funciones de la Comisión de la Verdad no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso. La comisión busca y da a conocer información sobre los hechos. No somos jueces ni fiscales, pero colaboramos con ellos”.
Encinas aseguró que los abogados de los militares que lo demandaron por fabricación de evidencias en el caso Ayotzinapa “están vinculados a la delincuencia organizada y perpetraron la desaparición de los estudiantes”.
“Debo ser claro, los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, dijo encinas en un video que compartió Gobernación en su cuenta de Twitter.
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El subsecretario aseveró que informar a la sociedad de los avances que hay sobre el caso de los normalistas no representa sino el cumplimiento de sus obligaciones. “Pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo. Sostener que, además, implica la comisión de algún delito, es una aberración”, recalcó.
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