Quizá no se cumpla la instrucción presidencial de aprobar sin tocar ni los signos de puntuación, pero la resistencia opositora en el Senado logró apenas un intento cosmético: devolver  un dictamen a las comisiones como si las dichas instancias legislativas fueran a pensar distinto de como lo hicieron antes o como si aprobar comparecencias (siempre inútiles),  de los secretarios de Defensa y Marina o jugar con los plazos,  justifica el atropello constitucional.

El Senado cayó, evidentemente, en un falso debate.

Discutir — como los sabios de Bizancio–, cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. No cabe ninguno, no hay ángeles.  

El debate no puede ser entre militarismo y civilismo. No. No se debería analizar así lo sucedido. La materia debería ser el respeto a la Constitución.

La nueva discusión –si se quiere lograr algo importante–, debería tomar en cuenta la militarización como una consecuencia de la ductilidad con la cual los hombres del poder quieren en este momento, adaptar la gelatinosa Constitución al capricho presidencial.

La discusión tiene ahora un plazo de diez días como máximo para incorporar obligaciones de rendición de cuentas semestrales a los divisionarios y almirantes del Alto Mando, lo cual implica la aprobación de la materia discutida y vuelta a discutir.

Y eso de discutir es una frase hueca.

¿Quiénes — por segunda ocasión–, van a meterle mano al dictamen en el Senado? Pues las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, (segunda), presididas por Eduardo Ramírez y Rafael Espino, ambos de Morena y ambos dóciles y disciplinados. Sólo les falta el chaleco de Servidores de la Nación; no de los electores. A esos dos no se les debe persuadir de nada. Ya están servidos, ya están persuadidos de todo.

Si el nuevo dictamen no se considera desde ya aprobatorio, ¿por qué entonces prevén la salvedad de implicar la necesidad y la obligación de llamar a cuentas cada medio año a los mandos de la armada y la milicia?

La incorporación de esas nuevas obligaciones lleva subyacente la trampa: no se trata de llamar a los militares al foro. Eso se puede hacer de cualquier manera. No serviría, de todos modos, para nada, como no han servido jamás las larguísimas comparecencias de otros secretarios, con motivo, por ejemplo, de la glosa anual del informe presidencial.

“…En la solicitud presentada por las comisiones dictaminadoras se argumenta –dice la información oficial del Senado–, que el objetivo de regresar el dictamen es replantear el texto del proyecto elaborado y trabajar sobre uno nuevo, que logre el consenso de los Grupos Parlamentarios que concurren en estos órganos legislativos…”, sin embargo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal dijo, es para abrir un espacio nuevo al debate público.

¿Consenso, debate público? No. Imposición o libertad legislativa. Son cosas distintas.

No logrará el debate público –si lo hubiera de aquí a fin de mes–modificar las posiciones políticas. Nunca ha sido el debate público ingrediente de la conducta de los diputados o senadores.

La algarabía festiva de quienes confunden este aplazamiento con una victoria los exhibe como hijos del Rey Pirro. Príncipes de la temporalidad.

Lo único ocurrido ayer fue sencillo: el oficialismo no pudo cumplir sus instrucciones, y maniobró para ganar tiempo.

–¿Con qué objeto?

–Comprar votos. Alimentar traidores. Ya lo habían conseguido con las treinta monedas del senador Paz. Pero si una golondrina no hace verano; un fementido panista tampoco.

Mientras las oposiciones jueguen a modificar un dictamen incorporando sus puntos de vista, estarán abriendo la puerta al más grave problema detrás de todo este sainete: burlar la Carta Magna.

Seguir en la línea de Eduardo Ramírez, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, de incorporar los planteamientos del PRI, es repartir la complicidad.

El único camino es decir no.

Es la diferencia entre una muralla opositora y un bloque de esponja.

Rafael Cardona