La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó poco antes de las 14:00 horas, la discusión sobre la constitucionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa.
La sesión concluyó con cinco posicionamientos sobre el tema, en las que las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como el ministro Luis Alberto Pérez se pronunciaron en contra, señalando que debe de permanecer la figura.
Además de Luis María Aguilar, quien presentó el proyecto, así como el ministro José Luis González anunció que votará a favor del proyecto que anula esa medida cautelar en el país.
Así se han posicionado los ministros de la Suprema Corte en la discusión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y si viola o no los derechos humanos, así como el debido proceso.
La primera en pronunciarse fue la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien se expresó en contra del proyecto al considerar que “la SCJN carece de atribuciones para inaplicar la Constitución”.
“No es una medida cautelar deseable, pero suprimirla generaría mayores costos sociales, porque significaría dejar a la ciudadanía a merced del crimen organizado”, consideró en su ponencia.
Por otra parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf también se expresó en contra del proyecto que plantea la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa a considerar que esta medida cautelar no atenta contra el debido proceso ni contra la presunción de inocencia.
También recalcó que la Suprema Corte no está facultada para ordenar la inaplicación de una norma constitucional.
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El ministro Alberto Pérez Dayán también se expresó en contra del proyecto para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, argumentando también que no es facultad de la SCJN expresarse respecto a este tema.
“Por controvertida que pueda resultar la figura de la prisión preventiva oficiosa, no son los jueces constitucionales ni siquiera la SCJN en quien recae el deber de enmendar el vicio que la provoca, sino en la representación nacional (poder legislativo) en su carácter de poder reformador”, apuntó.
Al igual que los tres primeros, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también se pronunció en contra del proyecto para inaplicar la prisión preventiva oficiosa, con lo que la propuesta del ministro Aguilar ya no podrá alcanzar los 8 de 11 votos necesarios para ser avalada por el pleno de la SCJN.
Propuso como una solución interpretar el vocablo “oficiosamente” en el artículo 19 constitucional como “sin petición de parte” para que deje de considerarse como una medida automática que puede ser ordenada por un juez.
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“El problema fundamental de las normas impugnadas es que forman parte de un sistema que convierten a la prisión preventiva oficiosa en una prisión automática”, recalcó.
Consideró que los jueces deben estudiar de oficio cada caso de forma individual para determinar si es procedente o no que al imputado le sea impuesta la medida de prisión preventiva.
Luego de alrededor de dos horas de sesión, el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar la declaró como finalizada y citó a los ministros para continuar con la discusión sobre la aplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa este martes.
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