Carlos Elizondo, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey explicó que todas las personas, sin importar que hayan sido funcionarias públicas, tienen el derecho a la presunción de inocencia: a ser tratadas como inocentes hasta que sean declaradas culpables en juicio.

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Elizondo agregó que si las autoridades generan indebidamente la percepción pública de que los acusados son culpables, podrían llevar a que las juzgadoras dejen de ser imparciales y que decidan con base en su percepción, en lugar de las pruebas presentadas en juicio.

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