A mediados del año pasado, la Fiscalía de la Ciudad de México cerró a DNV el acceso a los estudios que realizaban los peritos oficiales asignados al caso del colapso de la Línea 12 del Metro, debido a que la empresa noruega empezó a cuestionar la metodología de sus forenses.
También negó a la consultora el acceso a la información del protocolo de prueba, los procedimientos relacionados con la limpieza, la documentación fotográfica, el corte, la fractografía, la metalografía y dureza, los estándares que seguirían los peritos oficiales y los datos que recopilaran. Sólo autorizó el acceso a la documentación hasta que los expertos de la Fiscalía emitieran su dictamen.
El 30 de junio de 2021, la Fiscal María de la Luz Alcántar Alcántar, responsable de la investigación ministerial del siniestro, negó a DNV y a su integrante Raúl Avilés Atrián el ingreso al Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde se llevaban a cabo los análisis.
Alcántar señala que «no es lógico y congruente» que DNV, habiendo tomado sus propias muestras para análisis forenses, pida presenciar el procedimiento que utilizarían los peritos de la Fiscalía y solicite acceso a sus documentos, protocolos, estándares y datos obtenidos, dado que se trata de personal calificado y certificado y no deben «contaminarse» los estudios de cada equipo de expertos.
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Por ello, en esa fecha canceló la autorización de acceso al ingeniero Avilés Atrián, aunque dejó abierta la posibilidad de pedir un nuevo permiso para tomar muestras de los materiales resguardados en Talleres Tláhuac del Sistema de Transporte Colectivo.
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