Gabriel Casillas
Lenin decía: “Hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas”. Creo que estamos viviendo tiempos así en muchos sentidos. A nivel global no hay duda. En la parte local tampoco si nos referimos a tres temas en particular:
(1) La revocación de mandato. Ayer vimos el primer ejercicio de participación directa con el tema de revocación de mandado en tiempos modernos en México. En este sentido, hace algunos días Ángel Gilberto Adame escribió sobre uno de los procesos de revocación de mandato que se llevó a cabo en el México de hace casi 170 años. En palabras de Adame, nuestro impopular expresidente Antonio López de Santa Anna “buscó refrendar su simpatía entre el pueblo” convocando a un plebiscito para preguntar a la población sobre la continuación de su mandato (“El presidente en su laberinto”, El Universal, 9 de abril). Regresando al proceso del domingo pasado, en mi opinión, lo mejor fue que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo una excelsa labor de coordinar este referéndum de revocación de mandato, a pesar de contar con menos recursos de los que se necesitaban. Mi felicitación y gratitud al INE. Ahora, en cuanto a la numerología, la participación en la revocación de mandato fue de 17.8 por ciento de la lista nominal de 92.8 millones de personas. Sin duda una participación significativamente baja con respecto a lo que hemos visto en procesos electorales más formales como las elecciones presidenciales en 2018 (63.4 por ciento) o las intermedias del año pasado (52.7 por ciento en 2021). Sin embargo, significativamente mayor a la consulta para ‘enjuiciar expresidentes’ de agosto del año pasado (7.1 por ciento). El ‘que siga’ ganó abrumadoramente con 91.9 por ciento de los ciudadanos que acudieron a las urnas y emitieron un voto válido. Es decir, si multiplicamos 91.9 por ciento por el número de la lista nominal, nuestro presidente obtuvo poco más de 15.1 millones de votos. Un número considerablemente menor que lo que obtuvo en la elección presidencial (30.1 millones), pero cercano a los 16.8 millones que votos que obtuvo Morena en la elección de Cámara de Diputados en junio del año pasado e inclusive también cercano a los 15.8 millones de votos que obtuvo López Obrador en la elección presidencial de 2012. Muchos analistas políticos consideran que los 15.1 millones de votos que votaron por ‘que siga’, son el ‘voto duro’ del presidente. En mi opinión, seguro faltaron quienes solo participan en elecciones o quienes se fueron de vacaciones de Semana Santa, pero es un número que considero que podría estar alrededor de los 16 millones. Un mensaje para la oposición es que si tienen el deseo de ganar la elección presidencial en 2024, van a tener que ir unidos. Pareciera que cualquier división significaría un fracaso para hacer frente al partido en el poder. Sobre todo si consideramos que 15.1 millones de votos (o ~16 millones) es mucho mayor al número de votos totales que obtuvo Ricardo Anaya (12.6 millones) o Pepe Meade (9.3 millones) en 2018 y que parece que es un número que no ha variado mucho desde 2012.
(2) La votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJH) de no declarar inconstitucional los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica que se aprobaron el año pasado. Este tema generó mucha confusión para muchos porque, por un lado esto se confunde con la reforma constitucional a la industria eléctrica que se va a discutir esta semana en la Cámara de Diputados y por otro lado, debido a la jerga legal per se. Así, lo que pasó la semana pasada es que los Ministros de la SCJN votaron un proyecto de la Ministra Loretta Ortiz para determinar si los cambios a las leyes secundarias que el presidente envió al congreso el año pasado -que son un subconjunto de la reforma constitucional que se está promoviendo-, y que fureon aprobadas por mayoría simple (50 por ciento + 1), eran inconstitucionales. Cabe señalar esta votación de la SCJN se dio debido a que un grupo de minoría opositora del Senado promovió una acción de inconstitucionalidad. Así, en los doce cambios que se votaron, se necesitaban 8 votos, de los 11 ministros de la SCJN para declarar oficialmente inconstitucionales los cambios. Lo bueno: La mayoría votó por la inconstitucionalidad de los cambios a las leyes. Lo malo: Ningún cambio obtuvo los 8 votos
necesarios para declarar oficialmente la inconstitucionalidad, lo que pudo ‘haber matado’ el tema de una vez por todas. Sin embargo, que no sea inconstitucional, no quiere decir que sea constitucional, por lo que las empresas afectadas pueden promover amparos y es factible que instancias más bajas en el Poder Judicial puedan utilizar la votación mayoritaria de la SCJN para declarar la inconstitucionalidad y sea factible que ganen dichos amparos. En pocas palabras, se ve difícil que dichos cambios a las leyes se vayan a acabar instrumentando. Lo feo: Se abrió un camino para aprobar cambios en las leyes que se encuentran en la frontera entre las leyes secundarias y las constitucionales, que espero no utilice el presidente, ni nadie hacia delante.
(3) La discusión que se llevará a cabo esta semana en la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional a la industria eléctrica. Esta es una reforma mucho más amplia que los cambios que hizo el presidente el año pasado. El objetivo de esta reforma es revertir varios de los cambios que hizo la administración anterior en el sector energético. Actualmente, el tema principal de carácter político es que la coalición Morena-PT-PVEM no tiene la mayoría calificada (dos tercios) para poder aprobar una reforma constitucional en la cámara baja. En algún momento se pensó que los legisladores del PRI votarían junto con la coalición, pero la semana pasada fueron muy enfáticos en que esto no va a suceder. Así, todo parece indicar que a pesar de los esfuerzos de Morena por aprobarla -incluyendo ‘artimañanas’ legislativas para buscar un quorum bajo y poderla aprobar-, puede ser que esta reforma quede en el olvido.
Twitter: @G_Casillas
* El autor es Economista en Jefe para Latinoamérica del banco Barclays y miembro del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.
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