Otra vez la integridad del presidente de la república se puso en riesgo, esta vez durante la accidentada reunión que sostuvo en Huauchinango, Puebla, para anunciar los apoyos a quienes sufrieron daños a causa del huracán Grace. Apenas unas semanas atrás Andrés Manuel López Obrador fue encapsulado a bordo de la Suburban en que se trasladaba por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Los dos incidentes reflejaron que no existe una estrategia de custodia confiable, hubo personas que burlaron a quienes trataban de impedir que se le acercaran y terminaron frente a frente con el mandatario.
López Obrador decidió desaparecer al Estado Mayor Presidencial, un organismo del que se tienen antecedentes desde los tiempos de Agustín de Iturbide, se fueron presentando diversas modificaciones y denominaciones, de acuerdo a los propios mandatarios. Las funciones se diversificaron en el último siglo, hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto. Llegó a contar con seis mil elementos, se encargaban de brindar seguridad al presidente, su familia, visitantes distinguidos, algunos funcionarios del gabinete, las instalaciones presidenciales, logística, desarrollo de investigación e inteligencia; entre otras actividades.
No se sabe hasta qué grado los titulares de defensa y marina advirtieron al presidente de la importancia de un organismo tan especializado; ambos saben que no era dispendio, sino una necesidad. El domingo pasado lo confirmaron porque fue evidente que los militares que caminaban cerca de López Obrador terminaron haciendo de guardaespaldas ante la gran cantidad de personas que lo rodeaban.
Un asalto como el de Tuxtla Gutiérrez difícilmente le hubiera ocurrido al Estado Mayor, tampoco hubieran autorizado la reunión de Huauchinango en un salón sin facilidades para el desplazamiento, una estampida provocada hubiera sido de fatales consecuencias para el presidente y para muchos que ahí se encontraban.
El año pasado durante la estancia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pudo observar que los escoltas que lo acompañaban tenían formación militar, probablemente exintegrantes del Estado Mayor, quiere decir que en el entorno de Palacio Nacional hay conciencia de la necesidad de disponer de profesionales.
Hay mandatarios que viajan con sus propios guardias, como los presidentes de Cuba o los miembros del servicio secreto de Estados Unidos, quienes incluso se transportan en unidades propias como el auto presidencial y la flota aérea; por supuesto para las tareas se coordinan con el personal local.
Hay decisiones que no quedan al gusto o talante de los presidentes, quienes se deben someter a los lineamientos de seguridad y aún así John F. Kennedy fue asesinado y Ronald Reagan sufrió un atentado.
Ahora que los migrantes haitianos han estado tan presentes hay que recordar que la crisis del país se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moise.
En México el último presidente asesinado fue Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928.
El impacto para cualquier país que registra el asesinato del presidente es de graves consecuencias políticas y sociales. ¿Es barato mantener una estructura como la que tenía el Estado Mayor? Por supuesto que no, pero resulta más costosa una crisis institucional como las que suelen derivar de los magnicidios.
No es difícil anticipar que los futuros presidentes den marcha atrás, sobre todo quienes han gobernado estados o la Ciudad de México. Habrá quien diga que López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal encomendó su seguridad a las llamadas Gacelas, pero a su lado ha estado el General Audomaro Martínez Zapata, actual director del Centro Nacional de Inteligencia y quien tiene experiencia en las operaciones del Estado Mayor, por eso es de creer que algo tendrá que aconsejar al presidente. Van dos episodios de alto riesgo ¿Cuántos más?