La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional ordenar prisión preventiva oficiosa contra personas acusadas de defraudación fiscal.
Lo mismo aplica para considerar como delito contra la seguridad nacional el contrabando, la defraudación fiscal y el uso de comprobantes fiscales falsos.
Por mayoría calificada de 8 votos, el pleno de ministros consideró que el decreto publicado el 8 de noviembre del 2019, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contraviene lo que marca la Constitución y representa un exceso calificar este tipo de delitos como amenazas contra la seguridad nacional.
De esta manera, el pleno de ministros resolvió las acciones de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de reforma aprobada.
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