Este miércoles 1 de septiembre entró en vigor la reforma sobre outsourcing o subcontratación laboral en México.
Con la medida se han regularizado ya 2.7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12% su salario, afirmó recientemente Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Entre las nuevas reglas aplicables a partir de este mes, la subcontratación laboral o la simulación de los servicios especializados se equipara a delito de defraudación fiscal que puede ser castigado hasta con nueve años de prisión, según el Código Fiscal de la Federación.
Además, las facturas por concepto de suministro de personal o de subcontratación de servicios especializados que no cuenten con la inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) pierden sus efectos para deducibilidad.
El Gobierno de López Obrador promulgó el 24 de abril la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes para limitar el outsourcing, que considera herencia del “periodo neoliberal”.
El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente, Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50% de costos.
Aunque de la modalidad dependían más de cinco millones de trabajadores, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la tachó de “abusiva” y la Procuraduría Fiscal estimó que más de seis mil empresas de subcontratación evadían al fisco por más de 21 mil millones de pesos al año (unos 1.050 millones de dólares).
Además, el outsourcing le impedía al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percibir 773 millones de pesos (unos 38.6 millones de dólares) al año, afirmó el lunes su director, Zoé Robledo.
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