El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, instó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a admitir la controversia constitucional interpuesta por el magistrado José Luis Vargas por su destitución como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y emitir una resolución que evite el «colapso institucional» en el funcionamiento de este órgano.
En una carta enviada al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, el senador remarcó que el Tribunal Electoral tiene pendiente de resolver una gran cantidad de trámites en estudio derivados del proceso electoral, los cuales deben recibir una resolución conforme a derecho.
“Ante la potencial crisis institucional en el Tribunal Electoral se debe anteponer su atención en la agenda nacional, porque mañana podría enfrentar la misma situación la presidencia de la SCJN o cualquier otro órgano constitucional autónomo”, advirtió.
El también coordinador de Morena en el Senado recordó que cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral tomaron la decisión de remover a José Luis Vargas como presidente del órgano jurisdiccional.
Para ello, argumentaron el incumplimiento de diversas obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, entre ellas la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos, diferimiento de las sanciones sin razón justificada, falta de respeto hacia sus compañeros al llamarles “manada”, negativa a someter a discusión el tema de la remoción del secretario general y de la subsecretaria de Acuerdos, presunta violación forzosa del polígrafo y despido injustificado del personal administrativo.
En aquel mismo acto se designó como titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al magistrado Reyes Rodríguez.
En este contexto, Vargas determinó presentar ante la SCJN una controversia, con base en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Monreal afirmó que las causas y razones importan, pero los procedimientos constitucionales deben ser la vía para la solución de cualquier diferencia, porque un Estado con tribunales democráticos requiere jueces demócratas y, ante todo, ello implica observar el Estado de Derecho.
Sostuvo que lo ocurrido en el TEPJF pretende dejar sin efectos el mandato constitucional de que el presidente del organismo ejerza el cargo por cuatro años, lo que de entrada no debe de ser justificado, sino debe ser valorado, en especial si atenta contra la estabilidad de una de las instituciones más importantes de este país.
Recordó al ministro presidente que ni la Constitución ni la ley reconocen alguna facultad de los magistrados del Tribunal Electoral para evaluar formalmente a su presidente, pues el único órgano facultado para supervisar la actuación de las magistraturas integrantes del tribunal es la Comisión de Administración.
«La Constitución tampoco establece alguna facultad para destituir o revocar el acuerdo de designación de un presidente electo y que la sesión en la que se realiza el nombramiento del nuevo presidente tampoco es válida porque se convocó de manera irregular: la supuesta ausencia del presidente», puntualizó.
Tampoco se convocó con la anticipación razonablemente exigida, ni se transmitió por la vía idónea, sino se hizo a través las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, agregó el legislador.
«De esta manera, el tribunal se encuentra en potencial crisis institucional, pero también en una confrontación política que solo se superará con la voluntad de sus integrantes y a través de la interlocución de buena fe, tanto de la SCJN como del Senado de la República», subrayó.
“Así, dijo que él y el ministro Zaldívar habrán de «coincidir que un Estado constitucional, democrático y de Derecho, requiere ante todo que sus instituciones y quienes las integran actúen con apego a la Carta Magna y a la ley».