Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, CNDH y CEDHNL, una queja  por violencia política de género en contra de la  resolución que durante la tarde de este jueves estaría votando el Instituto Nacional Electoral (INE), para aplicar una multa de 55 millones de pesos, al excandidato de MC a la gubernatura del estado, por no contabilizar en su reporte de gastos, publicidad que realizó la influencer en sus redes sociales.

A través de un comunicado de prensa, Mariana Rodríguez expuso que la determinación del INE, de ponerle precio a sus publicaciones para apoyar a su esposo, mediante historias y fotografías, violenta sus derechos humanos de libertad de expresión, asociación, igualdad y libre de toda violencia, así como diversos derechos político electorales, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales, en los que México es parte.

Lo anterior, argumentó, en razón de que una reforma en el Artículo 1 de la Constitución establece que todos los tratados internacionales de derechos humanos adquirieron el rango de constitucional.

«Tras la reforma al Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011, todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, adquirieron rango constitucional, de manera que el Estado mexicano está obligado a hacer realidad el derecho a la participación política y a generar las condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia».

«Al respecto, nuestro Estado se encuentra obligado a garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales y su desarrollo en sociedad, además debe de eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres”, señaló Rodríguez.

«Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. El apoyo que le mostré a mi esposo no es una aportación en especie», escribió en Instagram.

La esposa de Samuel García insistió que la difusión de las publicaciones denunciadas “fueron realizadas en ejercicio de mi libertad de expresión y de manera espontánea, por lo que de ninguna manera se trató de espacios comerciales, toda vez que no se recibió pago alguno mucho menos se tuvo que pagar para subirlas a algún sitio”.

Sin embargo, dijo la influencer,  la resolución del INE “sostiene que mi participación voluntaria, libre y espontánea, como parte del apoyo moral del vínculo matrimonial que me une con mi esposo, implica una aportación en especie en campaña, cuestión sesgada, que, sin prueba alguna, trasgrede mis derechos humanos, imposibilitándome ejercer de manera libre mi libertad de expresión».