El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega al tercer aniversario de su victoria electoral del 1 de julio de 2018, con 41 de sus 100 compromisos cumplidos, 29 en proceso y acumula 12 en la categoría de no cumplidos. Para el resto no hay parámetros que puedan determinar su estatus.
SinEmbargo ha realizado este ejercicio en cada informe de Gobierno de López Obrador. Para evaluar los compromisos se utiliza la información de la Cuenta Pública, Compranet, Boletines de Prensa, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la lista de los 100 compromisos de la propia administración federal.
La lista de las 100 acciones es la que el Presidente leyó en el Zócalo capitalino el 1 de diciembre de 2018, el día de su toma de protesta. Los compromisos dependen de leyes aprobadas y políticas de las secretarías; otros son simbólicos y reposan en el ideal de una clase política que ahora tiene prohibido cometer actos de corrupción.
El pasado 1 de diciembre, en su conferencia matutina, el Presidente aseguró que ya tenía cumplidos 97 compromisos y que los otros tres —descentralizar el Gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables y resolver el caso Ayotzinapa— estaban en proceso.
De acuerdo con los datos y la evidencia, hay compromisos que López Obrador da por cumplidos cuando realmente están en proceso o no se están logrando; hasta el momento SinEmbargo contabilizó 12 en esta condición.
También en el terreno de las promesas “cumplidas” se colocó la acotación “hasta el momento”, ya que se trata de acciones que pueden cambiar en cualquier instante, a diferencia de, por ejemplo, los que ya se sustentan en una Ley vigente, que son la mayoría de los programas sociales y los de la austeridad.
Los programas sociales son el rubro en el que el Gobierno actual más ha avanzado, ya que no sólo se trata de la entrega de los apoyos sino que hay leyes que ya los dotan de obligatoriedad. Es el caso de los apoyos a estudiantes de primaria y secundaria; los estudiantes de educación media-superior; becas a universitarios; a personas discapacitadas en situación de pobreza y la pensión para adultos mayores.Otros que quedaron cumplidos desde el inicio fue la cancelación de la Reforma Educativa; bajar los sueldos a altos funcionarios; la implementación de los precios de garantía; la cancelación de los fideicomisos y la reducción del 50 por ciento del gasto de publicidad oficial. Sobre este último, para el primer año de Gobierno no se cumplió, pero para 2020 la reducción fue de 54.3 por ciento.
Otros que resaltan son el de convertir en delito grave el fraude electoral, transformar Los Pinos en un espacio cultural, la desaparición del Estado Mayor Presidencial y quitar la pensión a expresidentes.
López Obrador también prometió poner a la venta el avión presidencial. En ese sentido, cumplió el compromiso de “ponerlo en venta”, pero hasta el momento no ha logrado venderlo.
LOS COMPROMISOS EN PROCESO
En esta categoría están las obras de infraestructura que están construyéndose como el Tren Maya, la rehabilitación de las refinerías, el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y la construcción de 266 coordinaciones de la Guardia Nacional.
También figuran las 100 Universidades del Bienestar, de las que se proyectó que en 2019 tendrían 64 mil estudiantes. La realidad es que este centenar de planteles están en sedes especiales y la matrícula asciende a 15 mil 105 estudiantes.
El Gobierno ya arrancó además el Programa de Mejoramiento Urbano. La construcción de caminos en municipios del sureste abarca hasta el momento solo dos estados, mientras que ya se creó el Banco del Bienestar, pero aún falta la homologación de los servicios y sobre el turismo.
Por otra parte aunque ya inició el programa de mejoramiento en las colonias de ciudades turísticas, la promoción en esta materia, en general, no tiene presupuesto, ya que la totalidad de los recursos de la Secretaría de Turismo fueron destinados al Tren Maya.
LOS COMPROMISOS NO CUMPLIDOS
López Obrador prometió mantener las estancias infantiles y éstas fueron canceladas al inicio de la administración y a cambio se decidió entregar el apoyo directo a las familias, pero especialistas en el tema consideran que dar el dinero a los padres y/o madres para que ellos paguen las estancias y ya no se transfiera el dinero a esos centros, no garantiza el cumplimiento de los objetivos del programa.
En relación al compromiso 22, que hablaba de transferir a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a empresas por extracción del material, no se ha podido llevar a cabo debido a que aún no se presenta la Ley al Fondo Minero en el Congreso.
Otro que se marca como cumplido por el Gobierno federal es que ya no se compra vestuario, pero los datos en la Cuenta Pública muestran que esa partida se mantiene; lo mismo con la prohibición de contratar despachos y consultorías, ya que hay en Compranet cientos de contratos de diversas dependencias para estos servicios.
Otro pendiente es el de la descentralización del Gobierno, la cual está detenida. Además, continúa operando el Ramo 23 y no se ha impulsado el desarrollo de fuentes de energía alternativas, como prometió el Presidente.
LOS COMPROMISOS QUE NO SE PUEDEN EVALUAR
En esta categoría figuran los compromisos simbólicos o de los que no hay datos como son los casos de: proteger el patrimonio cultural de México; los planes para apoyar a los damnificados de los sismos; que los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones y Energía y otras dependencias ya no van a fiestas o comidas.
También integran la lista las promesas de que no se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo; que se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas; que habrá un auténtico Estado de Derecho; que habrá cobertura universal en telecomunicaciones e Internet; que se logrará el renacimiento de México y que se preservará la memoria histórica.
Fuente: SinEmbargo