El ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda recibió la mañana de este martes una tercera vinculación a proceso, aunque es la segunda por un delito del fuero común; particularmente por delitos electorales cometidos presuntamente en 2017.
Por esta situación permanecerá en prisión preventiva justificada, en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4, » El Rincón», en Tepic, durante 4 meses en lo que concluye el período para las bcomplementarias.
Tras una audiencia de 19 horas, peritos especialistas en fonética comparecieron en torno a la legitimidad del audio que se difundió en mayo de 2017, en el que presuntamente el ex gobernador Roberto Sandoval instruía a sus subalternos para condicionar las despensas del Programa de Seguridad Alimentaria (PROSA) a cambio de votos a favor de sus candidatos del PRI, que estaban en contienda en ese momento.
Los ilícitos por los que fue vinculado el ex gobernador están previstos en el artículo 11, fracciones I, II y IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Aunque el ex mandatario fue imputado por los delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado; el juez de control determinó vincularlo por los delitos electorales, pero el Ministerio Público podrá combatir esta determinación dentro de la estrategia legal que sigue en este proceso.
Resaltó que la defensa del ex gobernador no pudo combatir la presentación como prueba principal el audio que fue difundido en redes sociales desde mayo de 2017, y que alegaban no era la voz del imputado; y quedó en firme el dato de prueba que ya había sido analizado por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de los actos de investigación sobre el caso que inicialmente recayó en Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Cabe recordar que Sandoval Castañeda ya había sido vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones -delito del fuero común- por un desvío de recursos de 83 millones de pesos del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación de Empresas Sociales (FIRCAES); y por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero- del fuero federal.
Por las tres vinculaciones, los plazos para las investigaciones complementarias para conocer la situación jurídica del ex mandatario, coinciden en 4 meses cada uno.