La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la Controversia Constitucional que interpuso el Congreso del Estado contra el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El documento electrónico con fecha de 6 de Mayo del 2021 se indica que la Controversia Constitucional 50/2021 fue promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas.
El escrito está firmado por la presienta de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, la panista Marta Patricia Palacios Corral.
La controversia fue admitida ayer jueves y hoy se publicó en la página de la SCJN.
De acuerdo con el sistema de la Corte, el asunto fue radicado al Pleno, por lo que las y los ministros votarán la controversia constitucional que definirá el destino del político panista.
En la notificación se establece que, “dada la naturaleza de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”.
“Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional que plantea quien se ostenta como presidente del Congreso del Estado de Tamaulipas, contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, se indica.
Y se añade, “túrnese este expediente al Ministro que corresponde como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal”.
El presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ordenó que el expediente se turnara al ministro instructor, quien deberá resolver en los próximos días si admite a trámite la controversia constitucional.
Entre las acusaciones que motivaron el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, se encuentran la simulación de la venta de un departamento en Santa Fe, adquirido por prestanombres y pagado en tres partes: con recursos públicos federales, transferencias hechas por empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y con pagos de una compañía que participó en el esquema de desvío de recursos, mejor conocido como La Estafa Maestra.
El gobernador ha acusado en diversas ocasiones al gobierno federal de orquestar una estrategia en su contra, calificando el hecho como un linchamiento político.
El Congreso de Tamaulipas rechazó el desafuero y lo declaró improcedente al considerar que se violaban las garantías individuales, así como el proceso y presunción de inocencia del gobernador.