Un adolescente asesinado a tiros después de patear a un oficial de policía. Un joven sangrando en la calle mientras los manifestantes gritan pidiendo ayuda. Agentes de la policía disparando contra manifestantes desarmados. Helicópteros sobrevolando en lo alto, tanques recorriendo los vecindarios, explosiones resonando en las calles. Una madre llorando por su hijo.
“Estamos destruidos”, dijo Milena Meneses, de 39 años, cuyo único hijo, Santiago, de 19, fue asesinado en una protesta durante el fin de semana.
Los colombianos que se manifestaron la semana pasada contra la pobreza y la desigualdad que han empeorado la vida de millones desde que comenzó la pandemia de COVID-19 se han enfrentado con una poderosa represión por parte de su gobierno, que ha respondido a las protestas con la misma fuerza policial militarizada que a menudo despliega contra los combatientes rebeldes y el crimen organizado.
Esta explosión de frustración en Colombia, dicen los expertos, podría presagiar disturbios en América Latina, donde varios países enfrentan la misma combinación explosiva de una pandemia implacable, dificultades crecientes y la caída de los ingresos del gobierno.
“Todos estamos conectados”, dijo León Valencia, un analista político, y señaló que las protestas pasadas en América Latina han saltando de un país a otro. “Esto podría extenderse por toda la región”.
El miércoles, después de siete días de marchas y enfrentamientos que convirtieron algunas zonas de ciudades colombianas en campos de batalla, los manifestantes traspasaron las barreras protectoras alrededor del Congreso de la nación y atacaron el edificio antes de ser repelidos por la policía.
Varias personas del partido político del presidente Iván Duque le piden que declare el estado de conmoción interna, un estado excepcional que le otorgaría amplios poderes.
Los enfrentamientos han dejado al menos 24 personas fallecidas, la mayoría de ellas participaba en las manifestaciones, y al menos 87 desaparecidos, y han exacerbado la ira contra los funcionarios de la capital, Bogotá, que según muchos manifestantes están cada vez más desconectados de la vida cotidiana de las personas.
El miércoles, Helena Osorio, una enfermera de 24 años, intervino en un mitin celebrado en Bogotá.
“A mí me duele Colombia, a mí me duele mi país”, dijo. “Nosotros lo único que podemos hacer es salir a protestar, a hacernos escuchar”, prosiguió, “y por eso nos matan”.
Las marchas comenzaron la semana pasada después de que Duque propuso una reforma fiscal destinada a cubrir un déficit económico relacionado con la pandemia. El domingo, en medio de manifestaciones en todo el país, decidió dar marcha atrás al plan.
Pero el malestar no ha disminuido. De hecho, alimentadas por la indignación frente a la respuesta del gobierno, las multitudes solo han crecido.
Entre los manifestantes ahora hay maestros, médicos, estudiantes, miembros de los principales sindicatos, activistas veteranos y colombianos que nunca antes habían salido a las calles.
Los camioneros están bloqueando las principales carreteras. Y el martes, los manifestantes en la capital quemaron autobuses e incendiaron más de una decena de comisarías, cantando el himno nacional y gritando “¡asesinos!”, lo que obligó a los oficiales a correr por sus vidas.
“Esto no es solo sobre la reforma tributaria”, dijo Mayra Lemus, de 28 años, una maestra de escuela que se encontraba cerca de la enfermera Osorio, el miércoles. “Esto también es por la corrupción, la desigualdad, la pobreza. Y todos los jóvenes estamos cansados de esto”.
Las manifestaciones son, en parte, la continuación de un movimiento que se extendió por América Latina a fines de 2019, cuando la gente tomó las calles en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua y otros lugares.
La protesta de cada país era distinta. Pero, en todos, la gente expresaba sus quejas por las oportunidades limitadas, la corrupción generalizada y los funcionarios que parecían estar trabajando en contra del pueblo.
Luego llegó la pandemia. América Latina fue una de las regiones más afectadas por el virus en 2020, con cementerios llenos hasta el límite de sus capacidades, los enfermos morían mientras esperaban a ser atendidos en los pasillos de los hospitales y los familiares pasaban las noches haciendo fila para comprar oxígeno médico en un intento por mantener vivos a sus seres queridos.
Las economías de la región se contrajeron un 7 por ciento, en promedio. En muchos lugares, el desempleo, especialmente entre los jóvenes, se disparó.
Sin embargo, en los primeros meses de 2021, la crisis generada por la COVID-19 solo ha empeorado.
Mientras los países más prósperos del mundo se preparan para reabrir, en América Latina surgió una variante mortal del virus que se detectó originalmente en Brasil, llamada P.1, que arrasa con las poblaciones y ha sido uno de los diversos factores que ha causado que muchos países experimenten sus peores cifras diarias de muertes.
Durante meses, mientras la gente se quedaba en casa o luchaba por sobrevivir en medio de la disminución de los ingresos, la ira y la frustración que se manifestaron durante las protestas de 2019 siguieron latentes.
Luego, en Colombia, Duque anunció su reforma tributaria, uno de los primeros intentos en la región para tratar de lidiar con el déficit económico exacerbado por la pandemia. Si bien la medida habría mantenido en vigor un subsidio pandémico en efectivo, también iba a elevar los precios de muchos bienes y servicios cotidianos.
Pronto, el resentimiento acumulado llegó a las calles.
El martes, Duque dijo que abriría un diálogo nacional para encontrar soluciones a los problemas fiscales y otros desafíos.
“En este espacio es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil”, dijo. “Los resultados de este espacio se traducirán en iniciativas que podamos articular rápidamente”.
Las protestas comenzaron como reacción a un proyecto de reforma fiscal, pero se han transformado en expresiones de descontento con la pobreza y la desigualdad.
Pero el llamado al diálogo nacional fue similar al que hizo en 2019, y muchos grupos de la sociedad civil han dicho que esa discusión produjo pocos resultados.
Duque, un político conservador, ha perdido una popularidad significativa desde el comienzo de la pandemia, según una encuesta de la firma Invamer. Y los analistas dicen que se encuentra en su punto más débil desde que asumió el cargo en 2018.
La respuesta policial y militar ha hecho que establecer una conversación nacional en torno a un compromiso sea extremadamente difícil, dijo Sandra Borda, analista política y columnista del diario El Tiempo.
“No tiene capital político”, dijo. “La gente no puede sentarse a dialogar con un gobierno que por la noche está matando a la gente que protesta y de día está tendiendo la mano para llevar a cabo una conversación”.
“Creo que va a haber mucha convulsión”, continuó. “Y creo que este próximo año y medio va a ser terrible para el gobierno, terrible para la sociedad colombiana y con muy pocas salidas de largo plazo”.
Los manifestantes se encontraron con una poderosa represión por parte del gobierno, que respondió a la avalancha con la misma fuerza policial militarizada que a menudo usa contra los combatientes rebeldes y el crimen organizado.
Los manifestantes se encontraron con una poderosa represión por parte del gobierno, que respondió a la avalancha con la misma fuerza policial militarizada que a menudo usa contra los combatientes rebeldes y el crimen organizado.Credit…Federico Rios para The New York Times
Colombia celebrará elecciones presidenciales en 2022. Durante décadas, el país ha elegido líderes conservadores. Pero Gustavo Petro, un exalcalde de izquierda de Bogotá y exmiembro de un grupo guerrillero desmovilizado, ahora lidera las encuestas. Duque, limitado por ley a un período, no puede postularse para la reelección.
La respuesta del gobierno a las recientes protestas podría ser un factor importante en la votación del próximo año.
Esta semana, la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó que estaban “profundamente alarmados” ante la situación y que habían documentado al menos un caso en el que la policía abrió fuego contra los manifestantes.
El sábado por la noche, Santiago Murillo, de 19 años, estudiante de último año de secundaria, volvía a su casa en la ciudad de Ibagué, y atravesó una multitudinaria protesta.
A dos cuadras de su casa, según su madre, sonaron disparos y cayó al suelo. En un video se puede escuchar a una testigo del suceso que grita.
Un repartidor que pasaba cargó a Murillo en su motocicleta y lo llevó rápidamente a una clínica. Allí, los gritos de angustia de su madre quedaron grabados. “Hijo, ¡llévame contigo! ¡Hijo, quiero estar contigo”.
Los médicos no pudieron reanimarlo y, al día siguiente, los residentes de Ibagué realizaron una vigilia de protesta en su nombre.
“Les pedí que se manifestaran de forma civilizada”, dijo su madre, “en paz”.
Fuente: https://www.nytimes.com/