El pasado 30 de abril, la Cámara Baja aprobó la procedencia del desafuero del mandatario estatal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por mayoría absoluta de 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, sin embargo, el Artículo 111 de la Constitución es muy claro y Jorge Lara, especialista en temas constitucionales y legislativos explica en entrevista con José Cárdenas, por qué.
Por un lado, establece la posibilidad de retirar esta protección constitucional a determinados servidores públicos, tanto federales como estatales, pero tratándose de servidores estatales, la Constitución establece que se tendrá que comunicar al Congreso del Estado para que ellos tomen la resolución que corresponda.
Mtro. Jorge Lara, especialista en temas constitucionales y legislativos
Es decir, el Congreso de Tamaulipas tiene la última palabra y decidieron rechazar el desafuero.
En el fondo es un tema de federalismo y se equivocan cuando dicen que tenían que acatar, que obedecer el lineamiento del Congreso Federal, puesto que eso no lo dispone la Constitución. No tendría ningún sentido que eso se dispusiera en la Constitución, derivado de las reformas del año de 1982. Este es un tema federalista y desde luego que las fiscalías están expeditas en la realización de su trabajo en cuanto este tipo de protección deje de subsistir.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por notoria improcedencia la controversia constitucional 50/2021, interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en contra del desafuero del gobernador de la entidad Francisco Javier García Cabeza de Vaca decretado por la Cámara de Diputados.
Dicha controversia que interpuso la Cámara de Diputados fue a propósito de un acuerdo que emitió el Congreso del Estado de Tamaulipas en los últimos meses, y queda sin materia, lo cual, como lo han dicho varios juristas, significa que el gobernador sigue con la protección constitucional.
García Cabeza de Vaca seguirá siendo el mandatario estatal hasta que entregue el poder en el 2022, en el mes de octubre. Mientras tanto, no lo puede detener la Fiscalía General de la República. Cuando termine la gestión, entonces sí, en caso de que proceda las acusaciones que plantea el Ministerio Público en ese caso, sí podrán detener.
No hay que olvidar que el desafuero solamente procedió por un cargo de defraudación fiscal, que fue lo único que se acreditó en su momento.
Para finalizar el tema, el especialista reitera que hasta que finalice su mandato, podría en todo caso ser sometido a la jurisdicción de un tribunal penal.