La madrugada de este viernes, Fiscalía General de Justicia de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión y detuvo a la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, por su presunta responsabilidad en la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones también detuvieron a funcionarios municipales y personal de la Policía Municipal de la misma localidad, de acuerdo a un informe del Fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo.

Las indagatorias concluyeron que la edil morenista tiene responsabilidad en la desaparición de Claudia Uruchurtu, y dentro de las indagatorias se señaló como autores de la desaparición a los Policías Municipales, quienes presuntamente subieron a la fuerza a Uruchurtua a una camioneta, luego de protestar en contra de la autoridad municipal.

El fiscal Peimbert Calvo rechazó que la detención de la candidata no tienen ningún sesgo político o partidista, ya que se ejecutó con base en los testimonios y pruebas periciales, obtenidas por el Instituto de Ciencias Forenses.

Precisó que la indagatoria se realizó con perspectiva de género. Además se ha priorizado las necesidades particulares de la víctima y víctimas indirectas desde que tuvo conocimiento del caso, realizando las acciones pertinentes en estricto apego a los protocolos internacionales adoptados por el Estado mexicano en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas y víctima de desaparición forzada.

Los implicados fueron remitidos ante un fiscal de control. Son acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de desaparición forzada, encubrimiento y asociación delictuosa.

La activista Claudia Uruchurtu desapareció el pasado 26 de marzo, luego de participar en una protesta pública en contra de la presidenta municipal de Nochixtlán.

De manera previa había presentado una denuncia ante órganos de fiscalización por el supuesto manejo indebido de los recursos públicos del municipio.

Ante el hecho, se realizaron diversas pruebas periciales y se citaron a declarar a siete testigos protegidos, lo que permitió la identificación de los presuntos responsables, contra quienes un juez determinó liberar la orden de captura correspondiente.