El Ing. Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) informó que la existencia de productos ilegales en el mercado de agroquímicos producidos por empresas sin registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) representa un peligro a la salud de los trabajadores agrícolas, de los consumidores y al medio ambiente.
El Ing. González Cepeda explicó que a los agricultores se les engaña con la promesa de precios reducidos de los plaguicidas, o se les manipula diciendo que lo que se vende es “orgánico”, cuando en realidad están comprando químicos muy caros en términos de riesgos para su salud, su economía y la de los consumidores, puesto que los contenidos de esos insumos son desconocidos, adulterados o de toxicidad incierta.
El presidente de la UMFFAAC dijo que existen 5 modalidades de productos ilegales: los que no tienen registro, los falsificados o piratas, los adulterados o re etiquetados y los que entran de contrabando. Dijo también que los productos ilegales se promocionan en las redes sociales, de modo que incluso por esta vía las autoridades sanitarias pueden fácilmente identificarlos para retirarlos del mercado e iniciar las investigaciones correspondientes.
El presidente de la UMFFAAC dijo también que para que un producto se comercialice en el país, se requiere la autorización sanitaria que otorga la Cofepris, con la opinión de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), lo cual asegura la eficacia y la seguridad del producto y puede entonces ser vendido y usado en el mercado nacional. El proceso de autorización implica pasar por una evaluación completa con rigurosos criterios científicos, entre otros, que sea ambientalmente aceptable, seguro para la salud humana y animal, eficaz y de calidad para la protección de cultivos.
Por su parte, Cristian García de Paz, director ejecutivo de PROCCYT, asociación civil que representa a la Industria de Protección de Cultivos en México, dijo que para que un producto legal tenga la autorización de las autoridades sanitarias, se requiere la realización de más de 120 estudios científicos, que toman en consideración 50 variables que incluyen factores químicos, biológicos, toxicológicos y sus efectos en el medio ambiente. A nivel internacional, la industria de protección de cultivos invierte 7, 300 millones de dólares en investigación y desarrollo de sus productos.
García de Paz explicó también que, el proceso regulatorio al que se someten los productos de protección de cultivos es muy riguroso, pues los regulan 6 leyes, 14 reglamentos y más de 30 Normas Oficiales Mexicanas; y la información técnica de los productos que se incluye en las etiquetas son: identidad y composición, propiedades fisicoquímicas y toxicológicas, eficacia biológica y límites máximos de residuos.
El director de PROCCYT dijo también que, en el caso de los productos pirata, la información que contiene es falsa, los componentes están adulterados y sin aval de ningún estudio que respalde su efectividad (es decir, que garantice que sirven para lo que dicen que va a ser útil), y se desconoce su grado de toxicidad. Otro gran problema es que pueden contener residuos no autorizados en México, ni en países a los que México exporta, generando efectos negativos al crecimiento del sector agrícola, único sector de la economía que reportó un crecimiento el año anterior, mismo que alcanzó 2.7%.
Debido al peligro que tiene el uso de los productos “pirata”, el presidente de la UMFFAAC y el director de PROCYYT hicieron un respetuoso y urgente llamado a la Cofepris para que actúe, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que depende de Semarnat, y retire del mercado los productos ilegales.
El presidente de la UMFFAAC dijo también que “sorprende que por un lado autoridades como la Semarnat y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) pretenden justificar la limitación del uso de plaguicidas (agroquímicos) que pasan por un muy riguroso proceso de certificación y, por otro lado, la Cofepris y la propia Semarnat no actúan con la determinación necesaria para sacar del mercado estos productos y sancionar a los responsables de su fabricación ilegal”.
Por último, ambos directivos hicieron un llamado urgente a las autoridades a simplificar el proceso de denuncia que alerte sobre la comercialización de los productos ilegales y expresaron que la industria de protección de cultivos está dispuesta a cooperar en todo lo que sea necesario con las autoridades para proteger de los productos “pirata” a trabajadores agrícolas y consumidores, ya que su uso causa un gran daño a la salud, al medio ambiente y al comercio de productos agrícolas en el mercado nacional e internacional.