Esta semana dieron inicio las campañas electorales que permitirán elegir, el próximo 6 de junio, 3,501 puestos de elección popular, entre ellos 500 diputados del Congreso federal, además de 15 gubernaturas, por lo que tanto candidatos como políticos en el poder deberán conducirse de acuerdo con las leyes electorales que prohíben, por ejemplo, usar recursos públicos, inducir el sufragio en centros religiosos y de culto, o pedir datos de la credencial para votar.
La vigilancia del desarrollo de las campañas está a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), y de los Organismos Públicos Locales de ese organismo autónomo que hay en cada uno de los estados del país, pues además de la elección para diputados federales, también se contiende por 1,923 alcaldías y por 1,063 curules en Congresos de 30 entidades.
Durante estas campañas, los candidatos tienen varias prohibiciones que acotan el proselitismo que pueden realizar, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ejemplo, los partidos políticos y sus candidatos no pueden realizar ningún tipo de promoción en el extranjero, y tampoco pueden comprar espacios en radio y televisión ni en México, ni en otros países. En el caso de los mexicanos que radican en el extranjero y que pretenden votar en los próximos comicios, toda la información que estos reciben está a cargo del INE.
Ofrecer dinero o productos en especie a cambio de votos, también está prohibido, se trata de una práctica ilegal que no es extraña en nuestro país y que se sanciona con multas de hasta 8,962 pesos, y penas de entre seis meses y tres años de prisión, según la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Recoger credenciales para votar, prometer algún tipo de contraprestación para apoyar a algún candidato, o para abstenerse de hacerlo, así como amenazar con suspender los programas sociales como forma de coacción, son otras de las conductas que no deben llevar a cabo los candidatos, los partidos políticos y las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Los recursos públicos en general, sin importar que se trate de fondos que integran los programas sociales, tampoco pueden ser utilizados en apoyo o perjuicio de ningún candidato, partido o coalición, pues además de que hacerlo es un delito electoral, los servidores públicos que realicen esta conducta también pueden ser acusados de peculado.
Fuente: Enfoque Noticias