De última hora, las comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados determinaron posponer la discusión de la iniciativa que busca regular la figura del outsourcing o subcontratación laboral.
Aunque los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras estaban citados a las dos y media de esta tarde, el encuentro fue suspendido de última hora y previsiblemente hasta el martes, con el propósito de afinar los últimos detalles de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS y la Ley del Infonavit, entre otras.
El dictamen distribuido anoche en el Palacio de San Lázaro incorpora los acuerdos alcanzados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios y dirigentes sindicales, y entre otros aspectos prohíbe la subcontratación de personal, salvo en el caso de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.
Se prevé asimismo la creación de un padrón público de empresas dedicadas al outsourcing.
“Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, establece.
El proyecto considera asimismo multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente.
Por lo que hace a la participación de utilidades a los trabajadores se establece como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años
“Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”, señala el articulado.
El proyecto original sobre el outsourcing está sufriendo una serie de modificaciones debido que se están anexando los acuerdos firmados el lunes entre autoridades del Gobierno federal, empresas y sindicatos, para migrar a esquemas de trabajos formales en un plazo de tres meses.