La firma Trusan y Roma Abogados interpuso esta mañana un amparo contra la Ley Federal de Telecomunicaciones donde se dicta la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil basado en datos biométricos.

Esta disposición obliga a alrededor de 122 millones de usuarios a registrar su huella dactilar y facial, así como el iris de los ojos.

De acuerdo con la ley, el padrón deberá contener el número de la línea, fecha y hora en la que se activó la tarjeta SIM así como el nombre o razón social del usuario.

También, incluirá la nacionalidad del dueño de la línea, su número de identificación social y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Al respecto, el abogado Rodolfo Martínez, socio del despacho, explicó a Forbes México que la nueva reforma viola diversos derechos que se consagran en la Constitución general, como la no discriminación y pone en clara desigualdad a las personas.

Sin embargo, expuso que la transgresión más grave es que se vulnera el derecho al acceso a las telecomunicaciones sin interferencia alguna, ya que la nueva ley condiciona el uso de las comunicaciones a la filiación en un padrón.

“Quizá, de las violaciones más importantes a la Constitución federal está el hecho de que el artículo sexto de la Constitución con toda claridad establece el derecho humano de libre acceso a las telecomunicaciones sin injerencia alguna”.

“Desafortunadamente en el artículo cuarto transitorio de esta reforma establece que las personas que no formen parte del padrón serán automáticamente retirados del servicio de telefonía móvil, es decir, serán canceladas sus líneas”.

El litigante indicó que la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión carece de efectividad ya que ni siquiera para su implementación en casos de seguridad es capaz de mostrar su pertinencia, pero si su carácter transgresor a la Constitución.

“Es una ley que ya nace muerta en su efectividad y con ella se vulneran los datos personales y además se atenta contra el principio de presunción de inocencia porque prácticamente ahora todos somos criminales por tener una línea de celular”, apuntó.

De igual forma advirtió sobre la incapacidad que ha mostrado el gobierno para la administración de datos personales y garantizar su seguridad.

Martínez explicó que esperan que el juez de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica en telecomunicaciones otorgue el amparo y suspenda la ley a fin que sus clientes no les sea retirado el servicio de telefonía móvil por no registrarse en el padrón.

El abogado no desestimó que las acciones contra la ley de telecomunicaciones sea escalada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esta instancia establezca si hay anticonstitucionalidad en los preceptos de la nueva reforma.

Fuente: Forbes