Las mesas de diálogo entre el gobierno federal y la iniciativa privada concluyeron el pasado viernes –después de tres meses– con el acuerdo de topar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (PTU) a tres meses de salario, para lo que se propondrán modificar el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo agregando la fracción VIII.
Con dicho acuerdo podrá avanzar la discusión de la iniciativa de reforma en materia de subcontratación que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 12 de noviembre de 2020, y que pretende aprobarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
De acuerdo con la propuesta que presentó la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, a los representantes empresariales “se busca beneficiar a todos los trabajadores remunerados y que las empresas los contraten directamente sin emplear la figura de subcontratación de personal”.
De tal manera que la modificación a la LFT en el artículo 127 Fracción VIII establecería que “el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”.
Los análisis que presentó la dependencia indican que con la propuesta los trabajadores recibirán en promedio 57 días de salario; lo que representa aproximadamente un media de 18,557 pesos; “es 2.59 veces más de lo que reciben actualmente”.
En la reunión se dijo a los representantes empresariales que “la propuesta facilitará la aplicación de la ley y dará un trato igualitario a todos los sectores… y en donde habría más beneficio a aquellos que pagaban PTU muy por debajo del promedio nacional y evita la discrecionalidad en el mismo”.
Alcalde Luján expuso que hay subsectores en los que se paga poco PTU, incluso menos que la media nacional que es de 22 días (equivalente a 2.8% de las utilidades); y éste debería ser mayor, por ejemplo, en los trabajos especializados para la construcción se pagan cinco días; es decir, 796 pesos; con la propuesta se tendrían que pagar 83 y el monto sería de 13,526 pesos.
En el país reciben utilidades alrededor de seis millones de trabajadores, lo que representa 56,121 millones de pesos, cuyo promedio para cada trabajador es de 7,301 pesos. Con la propuesta del tope de 90 días, el monto a repartir sobre la misma base de trabajadores actual pasaría a 157,050 millones de pesos, equivalente a 7.7% de la utilidad promedio de las empresas.
La iniciativa para reformar el outsourcing presentada en noviembre pasado por el presidente López Obrador plantea la prohibición de la subcontratación, quedando limitada solo a las actividades no centrales de la empresa en cuestión, además de la conformación de un padrón público de empresas prestadoras de este tipo de servicios y la creación de la figura de agencias de colocación, que solo podrán intervenir en el proceso de reclutamiento de personal.
Al respecto, Óscar de la Vega, socio de la firma DMAbogados, expuso que “esta es una solución práctica que le da un respiro a la competitividad del país; no obstante, tendremos que analizar el fundamento jurídico, ya que es facultad de la Comisión Especial para determinar la PTU, la fijación del porcentaje que se nombra cada 10 años y la Sexta Comisión ya lo fijó en 10% (de la utilidad de la empresa), que es sobre la utilidad repartible de acuerdo a la fracción IX del artículo 123”.
Germán de la Garza de Vecchi, socio líder de Servicios Laborales en Deloitte México, dijo que “es claro que la Secretaría del Trabajo y la Cámara de Diputados buscarán sacar adelante la reforma en subcontratación; me parece que en la medida que se vayan dando señales sobre cómo será ayudará disipar la incertidumbre que se ha generado, y eso es positivo”.
Ricardo Martínez Rojas, del despacho de la De la Vega y Martínez advirtió que la medida anunciada es exagerada, ya que la pequeña y mediana empresa no pueden soportar una medida de esta naturaleza. “Considerando tres meses de salario es un aumento salarial del 20% anual. Las empresas formales ya no pueden con los costos laborales, IMSS, Infonavit, Impuesto Sobre Nómina, Teletrabajo, prohibición de subcontratación, esto va a generar más desempleo, en medio de una grave crisis económica provocada por el Covid”.
Fuente: Staff