Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, aseguró que nadie lo presionó ni hubo dolo en el informe sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
“Nunca he sido presionado por nadie en mi carrera, no por agentes externos ni por agentes internos, porque la ASF no responde a intereses o influencias ajenas a las estrictamente señaladas en la ley. Manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor”, puntualizó al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Al explicar el informe que presentó el pasado 20 de febrero, en el que se dio a conocer que cancelar elaeropuerto de Texcoco costó 331 mil millones de pesos pero que después se reconoció que hubo “inconsistencias” en la cuantificación del monto, señaló que el origen de la confusión es que la inhabilitación del aeropuerto “no está cerrada”.
“Se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos, que pueden concretarse hasta en 26 años”, detalló.
Expuso que la auditoría contempló datos de “costos futuros”, es decir, recursos no han sido pagados, instrumentos financieros no se han cancelado, y la carga financiera que implicará la recompra de bonos que se materializará en un futuro.
Así, los 331 mil millones de pesos que presuntamente costó la cancelación del NAIM se dividen en dos montos: 163 mil 540 millones de pesos que ya fueron erogados hasta 2019 y 168 mil 455 millones de “costos adicionales”, que se prevé se generarán en los próximos años.
“No vengo a defender a capa y espada una cifra, vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan con igual validez dos ópticas distintas, y a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes», expresó.
Agustin Caso dijo que tiene 50 años de experiencia profesional durante los cuales nunca ha sido sancionado ni señalado por ninguna irregularidad.
No obstante, remarcó que las recomendaciones emitidas por la Auditoría Especial de Desempeño carecen de ánimo punitivo, pues en esencia, como es propio de una auditoría de desempeño, se recomiendan mejores procesos en acción institucional para tener mejor calidad de gasto.
“Eso de ninguna manera entraña un ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno que fue legitima y democráticamente electo”, puntualizó.
Integrantes de la Comisión de Vigilancia también se reunirán el próximo martes 16 de marzo con el auditor de Gasto Federalizado; el 23 con el responsable de Seguimiento.
Además, el martes 6 de abril verán al director Jurídico y el 13 con el de Cumplimiento Financiero.
Lo anterior, con el fin de continuar con el análisis de la Cuenta Pública del 2019.