El pasado 17 de marzo, María del Rosario Robles Berlanga presentó queja en contra del partido político Morena con motivo de la difusión del spot para radio y televisión “TUMOR”, al considerar que constituye violencia política en razón de género, se utiliza su imagen sin su autorización y se le calumnia al vincularla con hechos delictivos, solicitando el retiro del promocional. Particularmente, denunció las frases: “(…) Los une la ambición (…)” “(…) y el miedo de seguir perdiendo poder (…)”.
Al respecto, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó improcedente la solicitud de dictar medidas cautelares pues, desde una óptica preliminar, no se aprecian que dichas frases, ni otra del promocional contengan elementos objetivos para estimar que se está ante una situación de violencia política en razón de género. Asimismo, tampoco se atribuyen de manera directa delitos o hechos falsos, y la utilización de su imagen forma parte de ámbito de tolerancia que su imagen pública reviste, por lo que debe privilegiarse la libertad de expresión.
Respecto al tema de violencia política, en el caso se aplicó el test emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ‑Violencia política de género. Elementos que la actualizan en el debate político‑ en el que se deben plantear cinco cuestionamientos fundamentales para identificar algún acto o conducta que pudiera constituir violencia política o discriminatorio en contra de una mujer por razón de su género.
Bajo la apariencia del buen derecho, se arribó a la conclusión de que el material denunciado no se basa en algún estereotipo de género o por el hecho de ser mujer; no se advierte elemento objetivo para que, en sede cautelar, se determine que las imágenes o expresiones tienen por objeto menoscabarla, denigrarla o calumniarla por ser mujer, ni generar una situación de violencia, vulnerabilidad, poder o desventaja basada en cuestiones de género en detrimento de los derechos político-electorales de la denunciante.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.