El decomiso de 208 máquinas tragamonedas hecho el pasado fin de semana en el casino de Agua Caliente en Tijuana, fue ilegal y absurdo. Más que dañar a los propietarios del casino, perjudica a las empresas fabricantes que las tenían en participación, afectan su reputación y dejan sin empleo a miles de trabajadores, aseguró en conferencia de prensa Carlos Sanz, director de James Industries, uno de los fabricantes de estos equipos.
Señaló que fue ilegal y absurdo porque el argumento que presentaron los auditores del Sistema de Administración Tributaria del estado de Baja California fue que las maquinas se encontraban de forma ilegal en el país, sin el debido permiso de importación. Efectivamente no contaban con permiso o pedimento porque las maquinas no son importadas, ya que todas fueron ensambladas y fabricadas en México y no compradas en el exterior.
Este error que cometieron los auditores enfrenta disposiciones de dos secretarías de Estado a nivel federal, ya que las máquinas contaron con el aval para su fabricación y ensamble en México por la Secretaría de Economía y ahora resulta que es un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como es el SAT, contraviene esa disposición.
Los inspectores que participaron en el decomiso deberían estar enterados que es más económico construir los en México que traerlos del exterior, además utilizan equipos y mano de obra mexicana, con lo que genera muchos empleos directos para los connacionales.
“Los argumentos que utilizaron para llevárselos son ilegales y corresponde ahora a los departamentos jurídicos de las empresas fabricantes presentar los argumentos necesarios, no al casino del que fueron retirados», dijo Sanz.
Además, señaló que el problema de este tipo de máquinas en nuestro país no es si están en el territorio nacional de forma legal o ilegal, porque la mayoría de ellas son fabricadas en territorio nacional o armadas con componentes locales, sino que lo verdaderamente trascendentes es si tienen o no permiso para funcionar.
El tema con la mayoría de estos equipos que se encuentran no sólo en casinos, sino hasta en farmacias o estanquillos, no es su procedencia, sino el que cuenten con los permisos necesarios para operar, lo que es responsabilidad de sus dueños o fabricantes que, en la mayoría, sino es que, en la totalidad de los casos, son diferentes a los propietarios de los locales donde se localizan.
En cuanto a los permisos para funcionar, señaló que en los establecimientos registrados ante SEGOB siempre en regla, porque estas son las maquinas más supervisadas en México, ya que constantemente son sometidas a auditorias, de parte de las secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad, los organismos encargados de la protección civil, de los gobiernos federal, estatal y local.
Además, son constantemente monitoreadas para verificar que todo esté en regla, si tienen los señalamientos bien colocados, que cuentan con los permisos para su operación, etc. En suma, son los aparatos más supervisados del país. Están constantemente vigilados por las autoridades competentes.
“En el caso del decomiso del pasado fin de semana, todas las máquinas cuentan con los documentos en regla, pero los auditores insistieron en el pedimento de importación, que no existe, porque insisto, son maquinas mexicanas. Hechas o ensambladas en nuestro país”, puntualizó Sanz.
Por tal motivo, corresponde también a la Secretaría de Economía preguntar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el por qué está dañando a la industria nacional fabricantes de partes electrónicas, porque es evidente que hay una contradicción o falta de comunicación entre ambas dependencias.
Carlos Sanz insistió en que los casinos, en este caso Caliente, no es el dueño de las maquinas, sino que fueron los fabricantes de estas quienes las pusieron previo acuerdo con los dueños de los establecimientos.
Finalmente, el empresario destacó que es la primera vez que se da una situación como la que se presentó el pasado fin de semana en Tijuana, por lo que confió en que se aclare pronto y se devuelvan a la brevedad los equipos incautados.