La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adquirió inmuebles con recursos de procedencia ilícita.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, comenzó este viernes la exposición de pruebas para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

Durante una audiencia de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados –que por primera vez se realizó de forma pública–, el funcionario señaló que el mandatario panista habría utilizado un “esquema irregular” para hacerse de varios inmuebles en México y Estados Unidos, en el que habrían participado sus familiares.

«En la denuncia hay inmuebles que fueron reportados por el señor Francisco N, en su declaración patrimonial y hay inmuebles que corresponden a empresas que no fueron declarados. Además tenemos conocimiento de datos de inmuebles que corresponden a personas integrantes de su núcleo cercano”, detalló el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

Durante la sesión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en donde se llevó a cabo el desahogo testimonial en el caso del proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Nieto señaló que aunque el panista no pertenece a ningún grupo del narcotráfico, expuso desde la UIF se observó que utilizó esquemas de adquisición de inmuebles a través de empresas operadoras del cártel de Sinaloa.

«Para mí resulta importante plantear no solamente el movimiento de 42.6 millones de pesos que existen entre una y otra empresa, sino que hay tres empresas que terminan enviando recursos y la empresa fachada remite a una cuarta empresa por cantidades importantes, tres millones de pesos, 2.5 millones de pesos y 875 mil pesos en marzo de 2014», expuso el titular de la Unidad.

Nieto Castillo aclaró que a la UIF solo le corresponde mostrar los hechos y no ejercer acción penal alguna, al ser esto competencia del Ministerio Público.

«Quiero dejar en claro que como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no soy fiscal, no soy ministerio público y yo no califico conductas de naturaleza delictiva. Eso le corresponde al Ministerio Público de la Federación, le corresponde en el ámbito de un procedimiento de naturaleza jurídico-político. La Unidad en ningún momento califica algún hecho sino simplemente y sencillamente estamos mostrando los elementos que se tuvieron al alcance para efectos de presentar la denuncia correspondiente», explicó.

La sesión virtual se llevó a cabo a pesar de la oposición del abogado defensor del inculpado, Alonso Aguilar Zínser, quien consideró que ventilar de forma pública los señalamientos en contra de su cliente va en contra de diversas disposiciones sobre la secrecía de un procedimiento penal en la etapa en la que se encuentra en este momento.

La sesión se dio por terminada a las 13:31 horas. El periodo de pruebas durará un total de 30 días, al final de los cuales la Sección Instructora le presentará a la mesa directiva del Poder Legislativo un proyecto de la solicitud de la declaratoria de procedencia.