La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas para invalidar el “blindaje” con que los legisladores locales intentan proteger al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante su eventual desafuero en el Palacio de San Lázaro.
Avalado por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, el proyecto será discutido y votado en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo miércoles.
Los diputados federales pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar el acuerdo de “homologación” para el desafuero de funcionarios públicos de Tamaulipas, por considerar que carece de fundamento constitucional y legal, además de invadir facultades exclusivas del Poder Legislativo Federal.
“Vamos a presentar (al pleno) para su aprobación una controversia constitucional, donde estamos solicitando respeto al trabajo del Poder Legislativo y a lo que aprueban en ley las y los diputados (…); es en general, pero particularmente por lo que nosotros consideramos está violentando la división de poderes”, puntualizó Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
El Congreso de Tamaulipas aprobó el 2 de marzo el acuerdo para establecer las reglas del “procedimiento de homologación” sobre el desafuero de funcionarios de la entidad.
Según el decreto, una vez que la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política de la legislatura local reciban la notificación de la Cámara de Diputados para proceder penalmente contra el gobernador García Cabeza de Vaca, “se procederá a sustanciar el procedimiento de homologación para determinar la existencia de un hecho constitutivo de delito federal y la responsabilidad de los sujetos”.
No obstante, el proyecto de controversia constitucional de 14 páginas subraya que la Cámara de Diputados es la única encargada de declarar si hay lugar o no a proceder contra el inculpado.
En consecuencia, la declaración de procedencia que en su momento determine la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
“Las reglas del procedimiento de homologación que se impugnan buscan desarrollar y reglamentar una supuesta ‘homologación’, prevista por el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que no tiene fundamento constitucional en la Constitución Federal ni en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, subraya el documento.
Por ello, la Cámara de Diputados, por conducto de su presidenta, Dulce María Sauri, pedirá a la Suprema Corte de Justicia declarar la invalidez del “blindaje” aprobado por la mayoría del PAN y sus aliados en el Congreso de Tamaulipas.