Las suspensiones provisionales a la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica son sin duda una buena noticia, pero la realidad es que… el daño ya está hecho.
Los vaivenes regulatorios junto con los anuncios desde la mañanera han creado un ambiente de incertidumbre para todos los involucrados: inversionistas, empresas operadoras y las empresas, sobre todo manufactureras, que tanto necesitan energía a bajo costo.
Hoy no sabemos de dónde va a venir la energía que el país necesita.
De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 (PRODESEN), desarrollado por la Secretaría de Energía de la #4T, el país necesita agregar 13,677 MW de capacidad en el periodo 2020-2024 (sin contar generación distribuida) para cumplir con la demanda.
Este mismo documento señala que una tercera parte de esta capacidad provendrá de plantas de ciclo combinado. Para cumplir estas necesidades, CFEnergía, una filial de CFE, anunció una lista de Proyectos Prioritarios de Generación. Se trata de seis plantas de ciclo combinado de gas natural (algunas son nuevas plantas y otras ampliaciones de existentes) que agregarían 4,322 MW de capacidad instalada a la Red Nacional de Transmisión. Estas seis plantas, que entrarían en operación entre 2022 y 2024, parecerían cumplir con lo planeado por la SENER.
Sin embargo, hay un problema, son las otras dos terceras partes de los requerimientos de los próximos cuatro años. El PRODESEN señala que el resto de la capacidad debe venir de energías renovables, casi totalmente eólica y solar. Al cierre del 2020, de acuerdo con la propia secretaria Nahle, la capacidad pendiente de entrar en línea de las primeras tres subastas es de 1,700 MW. O sea, nos faltan poco más de 7,500 MW de capacidad de generación que nadie sabemos de dónde vendrán.
Las expectativas que vengan de inversionistas privados no son alentadoras. Las reglas de despacho planteadas en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y la incapacidad de vender a largo plazo en subastas, han transformado inversiones que eran relativamente poco riesgosas en: ¡muy riesgosas! Al mismo tiempo, las acciones del gobierno ponen en entredicho el marco jurídico e institucional del mercado eléctrico. Es imposible tener cualquier tipo de certeza sobre cuáles van a ser las reglas del juego en este sector, lo que hace muy poco probable, (si no imposible), que cualquier empresa nacional o extranjera decida invertir en capacidad de generación en México. Porque ante tanta incertidumbre, es mejor esperar o invertir el dinero en otra parte.
Esto será un gran problema para la recuperación económica de México. El único sector de la economía que parece funcionar, la manufactura de exportación, necesita energía barata pero más importante aún, confiable. Aunque el poder judicial eche para atrás la reforma a la Ley, todos los involucrados saben que vendrán más cambios, ahora incluso la amenaza del presidente de reformar la Constitución.
Fácil, quienes invierten decidirán llevarse su dinero a otro lado.
Aletia Molina
@AletiaMolina