La Ley de Guardia Nacional no es suficiente para regular el comportamiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sentenció Daniel Gómez-Tagle, experto en la materia y asesor de una iniciativa que presentaron los partidos de oposición al respecto en la Cámara de Diputados.
La semana pasada las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano presentaron el proyecto de Ley Federal que regula la Disposición de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.
Goméz-Tagle explicó en entrevista a Forbes México que los soldados están obligados a cumplir la Ley de Guardia Nacional, pero no se desligan de sus deberes de la milicia, lo cual genera conflicto en quehaceres de seguridad pública, por las diferencias entre el derecho militar y el policial.
“Esto genera conflicto operacionales porque se entiende, aunque es más político que jurídico, que los soldados están en las calles porque los policías son incapaces o son corruptos o son insuficientes. Se asume que el ejército y la marina son las entidades que pueden solucionarlo, y si no hay una precisión jurídica en la responsabilidad administrativa, el ejército o las fuerzas armadas hacen lo que quieren”, acotó.
En ese sentido, el asesor detalló que la iniciativa busca poner reglas a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública para la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPYPS) coordine y dirija, ya que debe ser esta instancia quien pida la participación del ejército o la marina, así como quien debe asumir la responsabilidad de las operaciones.
A pesar de ello, refirió que la propuesta legislativa también prevé que en casos de extrema urgencia, como un enfrentamiento ante el narcotráfico donde la policía local esté en desventaja, el personal militar puede tomar control de la situación.
“La iniciativa de ley lo que hace es darle responsabilidad a las autoridades civiles de la estrategia y reconocer al mismo tiempo de que la capacidad material para ejecutar las estrategias puede estar en las fuerzas armadas pero no necesariamente significa que las fuerzas armadas son una solución”, agregó.
En ese sentido, apuntó que la autoridad civil debe solicitar la participación militar, así como argumentar su uso, lo cual sólo debería ser complementario.
Recordó que en otro caso donde las fuerzas armadas toman el control de la situación es en casos de desastres naturales, donde a través del plan DNIII es a este personal se le otorga la dirección de la operación.
Entre los deberes que plantea esta propuesta esta:
“Colaborar, cuando sea formalmente requerida su participación, de conformidad con los ordenamientos constitucionales, legales y convenios aplicables, con las autoridades locales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos;
“Participar, a solicitud de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en operativos conjuntos en los tres niveles de gobierno que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública”, según estipula el documento.
Pese a ello, Gómez-Tagle específico que en la iniciativa se pide que las fuerzas armadas no intervengan en manifestaciones, actos ciudadanos o en motines penitenciarios, ya que estos cuerpos no tienen la capacitación suficiente para atender esos problemas.
“(En el proyecto) no se permite su intervención en motines penitenciarios, no son escenario para que el ejército entrene de manera regular, ellos no tienen un entrenamiento basado en respetar la vida de manera inmediata en situación de combate, es un escenario secundario”, enfatizó.
Insistió en que el objetivo es que los militares y marinos que realizan actividades de seguridad pública respondan al mando civil, así como responsabilizar a este último de la coordinación de las fuerzas.
“Hay que reconocer que el ejercicio es necesario para muchas funciones pero los que se deben encargar son los policías y que se debe fortalecer a las policías sin tener que rechazar a priori al policía, como un corrupto o un ineficiente o un inepto; pero tampoco señalar al soldado como un asesino o un violador de derechos humanos porque no creo que ni el policía ni el militar se merecen ese tratamiento”, señaló.
Fuente: Forbes