La Jueza Tercera de Distrito en Yucatán, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, otorgó un amparo definitivo a habitantes de Yucatán para frenar las obras del Tren Maya en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá.
La Jueza resolvió a favor de Janeth Stephanie Medina Puy, Miguel Fernando Anguas Rosado y Roberto Miguel Sánchez Campos, quienes denunciaron que no se presentó la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA) para construir el tramo del Tren Maya en la “fase uno”.
Así lo estableció al resolver el amparo 613/2020 en el que ordena “las autoridades responsables se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución del proyecto Tren Maya Fase uno, derivado de la aprobación de la Manifestación del Impacto Ambiental (MIA), únicamente en lo que atañe a los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, pues los quejosos son habitantes de dichos municipios”.
El 30 de julio de 2020, los ambientalistas presentaron la demanda de amparo porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de esa dependencia, la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) incurrieron en la omisión de presentar el estudio sobre los daños ambientales que provocará la fase uno de construcción del Tren Maya.
La decisión de la jueza se dio el pasado viernes, para mantener el estado de cosas en que se encuentran, es decir, suspender cualquier trabajo de obra nueva, pero no impide que se labore sobre alguna vía preexistente para limpiar o dar mantenimiento a caminos, etcétera.
Los trabajos deberán suspenderse en los tramos tres y cuatro del Tren Maya. El tramo tres, de acuerdo con el proyecto, correrá de Calkiní, Campeche a Izamal Yucatán y pasa por Chocholá y Mérida. Mientras que el tramo cuatro va de Izamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo.
El colectivo Kanan Derechos Humanos, a través de su vocero Miguel Anguas, señaló que «esta suspensión definitiva es importante, con ello podremos exigir el derecho a la información pública y obtener una sentencia favorable que se pueda materializar».
Para el colectivo es importante la detención del proyecto para evitar daños irreparables a los derechos de todas las personas, específicamente a la participación pública, transparencia activa y medio ambiente sano. Comunicaron que, por ahora, queda esperar que las autoridades respondan la demanda y se dicte una sentencia favorable en los próximos meses.
Por su parte, Fonatur, por conducto de su vocera local, Geraldine Martínez Estrada, informó sobre el avance semanal y refirió que en el Tramo 3 se prosiguió «con la excavación de material rocoso, la construcción de pasos vehiculares y finalizamos las obras de drenaje transversal en distintos subtramos’, por lo que se mantiene la actividad pese a las suspensiones.