Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pidió a las empresas preparase para “la futura prohibición de la subcontración de personal, tanto en la modalidad de outsourcing como de insourcing“, proyecto de reforma que será señalado por el Ejecutivo como preferente y, por lo tanto, se discutirá en el Congreso en los primeros días del periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de febrero.

“Nos encontramos en la antesala de cambios muy importantes, no solamente a la Ley Federal del Trabajo, también a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación y a las leyes de IVA y de ISR. Desde ahora debemos irnos preparando porque por supuesto que significan cambios importantes, modos en los cuales se ha venido operando varios años ya”, dijo la funcionaria federal durante la segunda mesa de diálogo para analizar los desafíos del reparto de utilidades.

Alcalde Luján recordó que, en el marco de las implicaciones de la reforma de subcontratación con los términos actuales, se realiza un diálogo entre autoridades y representantes de empresarios y trabajadores para analizar si la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU) podría ocasionar una distorsión al momento de eliminar la tercerización de personal (en outsourcing e insourcing) y sólo permitir la de servicios especializados.

“Quiero aclarar y dejar asentados en estos foros que no es un espacio en el cual estemos discutiendo el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades. Ese derecho es un derecho constitucional y fue una comisión tripartita, hace algunos meses, la que determinó que el porcentaje de utilidades debería fijarse en 10 por ciento. Este derecho no está o no se somete a un debate, a una discusión, no es un espacio con ese objetivo. El espacio, insisto, es ubicar si en el marco de la iniciativa de subcontratación pudiese tener efectos precisamente vinculados al reparto de utilidades”, recalcó.

En la segunda mesa de diálogo, las autoridades escucharon la posición de representantes empresariales y de trabajadores de los sectores financiero y de seguros, industrias que recurren frecuentemente a la figura de insourcing, modalidad laboral creada por las propias compañías para suministrar su capital humano.

Durante el diálogo, los representantes del sector reconocieron que la subcontratación laboral tanto externa como interna está presente en la industria con la finalidad de mantener la competitividad de las compañías frente al porcentaje actual del PTU y los impuestos corporativos, lo que lleva a los empleadores a perder casi la mitad de sus ganancias.

Permitir la subcontratación interna y externa, con apego al marco legal actual, es una manera de promover la competitividad de las compañías, afirmó Luis Niño de Rivera, presidente de la presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). “La subcontratación es una forma muy eficiente de darle productividad a las empresas y elevar su competitividad”.

A pesar de la posición frente a la posible prohibición de la subcontratación laboral, los representantes empresariales avalaron la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial por topar el reparto de utilidades con 30 días de salario. Actualmente, el sector Financiero y de Seguros reparte entre 6 y 26 días de salario por concepto de PTU.

Las mesas de análisis convocadas por la STPS son resultado del acuerdo signado entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para analizar a mayor profundidad el impacto de la reforma de subcontratación enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados en noviembre pasado. Los empresarios argumentaron que la aprobación de la iniciativa en los términos presentados generaría una distorsión para las compañías en el reparto de utilidades.

La distorsión en el reparto de utilidades del sector financiero y de seguros radica en que las ganancias de las empresas de estas industrias no sólo derivan del trabajo de la fuerza laboral, sino de otros factores, señalaron sus representantes.

Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), explicó que las ganancias del sector también son producto de utilidades por venta de activos, fluctuación cambiaria, intereses de préstamos otorgados, ingresos por venta de activos fijos, regalías, estímulos fiscales, entre otros. “Lo que claramente no corresponde al desempeño de los trabajadores, sino a las decisiones corporativas que seguramente llevan muchos ejercicios planeándose e invirtiendo en ellas por parte de los dueños de las empresas”.

Al desaparecer la subcontratación laboral, como pretende el gobierno federal, los trabajadores serían contratados directamente por las empresas y las ganancias que repartirían entre la fuerza laboral no serían en su totalidad producto del desempeño de los colaboradores, argumentó.

Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), coincidió en esa línea y reiteró que la desaparición de la subcontratación laboral sin topar el reparto de utilidades, podría ocasionar una distorsión importante en las empresas.

“En términos de que las utilidades en el sector asegurador se generan, muchas veces tienen que ver con operaciones que no están directamente asociadas a factores de productividad de los colaboradores y que en caso de pasar a una propuesta sin ningún tipo de análisis sobre el tope de PTU podría causar una distorsión muy grande”.

Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la CTM, consideró necesario analizar el impuesto corporativo actual y en lugar de poner un tope al PTU, establecer un piso mínimo.

“No vemos nosotros la manera de que tengamos un mejor trabajo, ni renunciando a nuestras prestaciones ni a nuestros derechos y, mucho menos, posponiendo el derecho de los trabajadores a una vida mejor, digna y con un ingreso adecuado”, afirmó el representante sindical.

Por su parte, José Carlos Torres, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), resaltó que el PTU es un derecho constitucional y, a pesar de ello, hay una buena cantidad de empresas que no cumplen con esta obligación.

Sin embargo, el representante también reconoció que el sistema actual para calcular el reparto de utilidades no está alineado a la nueva realidad de las industrias. En ese sentido, propuso que empleadores y trabajadores acuerden un piso de ganancias a repartir y un monto para un esquema que fomente la competitividad entre los trabajadores. “No solamente seguir considerando los parámetros de días laborados y los salarios”.

¿Dónde quedó la productividad, la eficiencia, el desempeño, el compromiso, la preparación? Cuestionó José Carlos Torres. “El mundo se está moviendo fuertemente a todo el tema del ingreso variable. Estas variables también pueden ser bien utilizadas para los procesos escalafonarios que tenemos en nuestras empresas y sindicatos. Como sindicalistas debemos sr muy objetivos y honestos en aceptar que el 100% de nuestros representados no se desempeñan ni están calificados por igual”, expresó.

Mientras avanza el diálogo para analizar el tope al PTU, las autoridades laborales aclaran que los encuentros no son para discutir la subcontratación laboral. Por el contrario, Luisa María Alcalde Luján ha reiterado que la reforma será señalada como preferente por el titular del Ejecutivo, por lo que el Poder Legislativo deberá discutirla en los primeros 30 días del próximo periodo ordinario de sesiones.

Ricardo Martínez, socio de la firma De la Vega & Martínez Rojas, consideró que, en este contexto, la reforma de subcontratación estaría aprobada antes de cerrar febrero y, aunque es probable que se cuente con un periodo de transición, es necesario que las empresas se preparen para las nuevas reglas.

“Esta gravísima reforma lo único que deja y lo único que permite son contratos por obra especializada, servicio especializado y que no incurra en el objeto social de la contratante y tampoco en su área de comercio preponderante”, comentó el abogado laboralista durante una mesa de análisis convocada por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).

Ante este contexto, le aconsejó a las empresas revisar su objeto social para que los contratos de servicios especializados que tengan no sean para actividades que ellas deberían realizar.

“Hay que empezar a hacer un análisis, las empresas tienen que revisar el objeto social de sus empresas dentro del insourcing. En mi opinión personal, todavía podemos salvar algunas de las estructuras internas corporativas si hacemos una revisión adecuada de nuestros objetos sociales, que no incurra el del contratista con el del contratante”, puntualizó.

Además, sugirió analizar los contratos de servicios y obras para cerciorarse que sean especializados. “También tenemos revisar cómo dimos de alta a la empresa en el Seguro Social y en Hacienda; ese trabajo ya debe arrancar”.

De acuerdo con Sodexo, el sector privado debe considerar tres aspectos importantes en caso de que la reforma se apruebe:

Reconocer y pagar prestaciones a los empleados. Los empleadores deberán otorgar las prestaciones que por ley a los trabajadores les corresponden; asimismo, es necesario conocer las obligaciones que como organización se tiene al contratar al personal.

Sólo queda permitida la contratación de servicios especializados. Si una organización quiere contratar a su personal por medio de un tercero, será necesario corroborar que la actividad que el empleado realizará no forme parte del objeto social o de la actividad económica de la empresa.

Garantizar al 100% todos los derechos laborales. Entre los derechos de los empleados se encuentran tener firmado un contrato laboral, salario que corresponda con el trabajo que realiza, jornadas acordadas por ambas partes, servicios de seguridad social, Infonavit y fondo para el retiro. Las empresas deben cumplir y respetar todo esto, además de sus obligaciones fiscales y pago de impuestos.

Desde la perspectiva de Ricardo Martínez, es posible que una vez aprobada la reforma, las empresas puedan ampararse ante el nuevo marco legal por violentar ésta el derecho constitucional para dedicarse a cualquier actividad siempre y cuando sea lícita. (GERARDO HERNÁNDEZ. FACTOR CAPITAL HUMANO. EL ECONOMISTA.)