Actualmente, existen muy pocos países partidarios de la concentración de poder en el Ejecutivo Federal. La tendencia en el mundo entero, realmente es hacia la desconcentración y la especialización. Sobre todo, a la madurez política de aceptar que ya no hay gobernantes todólogos, porque eso en realidad es poco sano.
La teoría de la división de poderes es comprendida y aceptada con órganos autónomos, independientes y administrativamente soberanos. Entre más pesos y contrapesos, es mejor. Se asume que el poder es peligroso y por ende es muy fácil abusar de él.
Sin embargo en México este no es el caso. Andrés Manuel López Obrador ha decidio tomar varias decisiones que han marcado su gobierno. Si toca al INAI en su intención de desaparecerlo para crear una oficina de transparencia dependiente del Ejecutivo Federal. El Presidente de la República, sus funcionarios y su gobierno ganan, pero los ciudadanos pierden. Lo que significa mayor poder al ya de por sí poderoso.
Si toca a la CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos) para convertirlo en una oficina, subsecretaria o cualquier otra figura que se les ocurra sometida de la Secretaría de Energía. Pierden las empresas, la información pública y objetiva, los inversionistas, la imparcialidad en el manejo de contratos, únicamente ganan el gobierno y la mafia del poder.
Si en el SAT fortalecen la figura persecutoria, debilitan al ciudadano. Así puedo continuar una larga lista.
La cierto es que desde 1917, se fortaleció por razones conocidas el Presidencialismo en México, el resto del siglo pasado y el inicio de este, la tendencia aceptada, social y politicamente por la mayoría de la élite política y por los ciudadanos fue precisamente la disminución del poder concentrado en el Ejecutivo.
Por ello es sencillamente incomprensible la intención de eliminar a los órganos autónomos, argumentando una cuestión económica, de austeridad o financiera. Lo es, porque la historia existe y nos ha demostrado siempre que lo barato sale caro, además, que cuando se trata de democracia el resultado es carísimo, pero cuándo lo que provoca es una mayor corrupción a la que ya de por sí teníamos y que evidentemente rechazábamos, resulta todavía peor.
Sobre todo, si la verdadera razón es económica o financiera, hay muchísimas alternativas que se puedan aplicar antes de recurrir a su desaparición o adhesión al Ejecutivo. Porque se puede entender que el reto es reducir la excesiva e inútil burocracia que se ha comido a estos órganos.
Ante un problema así, el recorte de plazas, la reingeniería administrativa y de procesos, la reducción de integrantes tomadores de decisiones, la simplificación, etc. Es decir, existen mil y una estrategias que son necesarias y que además, lo venían exigiendo ya expertos y ciudadanos.
El problema no es el diagnóstico, o varios de ellos, como afirma Andrés Manuel López Obrador, el problema es que la gran mayoría de las ideas que tiene el actual Presidente de la República, son elaboradas sin metodología, sin conocimiento, por olfato, ocurrencia o intuición, más que con técnica y acción.
Por supuesto que no me opongo únicamente por llevarle la contraria, o por negar que tiene razón. Me opongo, porque así como lo plantea no hay razón alguna para desaparecer a los órganos desconcentrados y mucho menos para crear un problema mayor al que ya teníamos.
Me encantaría apoyar al Presidente, porque amo a mi país y respeto a las instituciones, pero tal parece que él no las respeta, y aunque atinado y acertivo, desafortunadamente torpe en la mayoría de sus acciones, como esta.
Y no es pregunta.
