La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, quien se desempeñó como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por omisiones en sus declaraciones patrimoniales.
En un comunicado, la dependencia informó que la sanción ya le fue notificada y deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el ex funcionario, quien también fue comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, “faltó a la verdad” en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.
Detalló que la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que Castillo Cervantes omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.
Añadió que, tras un “exhaustivo procedimiento de responsabilidades”, se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años.
“Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial”, precisó la SFP.
Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada.
La SFP aseguró que este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 64 expedientes de responsabilidad administrativa que inició en los dos primeros años del actual gobierno federal y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval explicó, en el comunicado, que la SFP tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de la persona sancionada en sus declaraciones presentadas ante esta dependencia.
Recordó que la declaración patrimonial “es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público”.
Dijo que “la nueva ética pública que está construyendo el gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”.
Fuente: Milenio