En 2020 la cifra de personas que ingresan a cárceles crece a niveles récord en México. En tan solo 10 meses, con todo y pandemia sanitaria, el número de reos se ha elevado en 13 mil 840 internos respecto a los que había al arranque del año. Y con ello la sobrepoblación se ha agravado: más del 40% de los penales ya registran condiciones de hacinamiento.

Este disparo en la población penitenciaria, el mayor de la última década y que revierte una tendencia a la baja que se había logrado tras la reforma al sistema penal, no es resultado de un mayor número de sentencias condenatorias sino del creciente encarcelamiento de personas de manera “preventiva”. Es decir: personas detenidas, pero sin sentencia.

Datos oficiales del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) confirman que mientras en diciembre de 2019 el 37% de todos los internos eran personas en prisión preventiva, para octubre de 2020 el porcentaje ya ascendía a 42%. En total 90 mil personas recluidas sin condena.

“Es gravísimo, lamentable y absolutamente vergonzoso que sobretodo en el año de la pandemia, cuando incluso países como Irán, Afganistán o Turquía redujeron su población penitenciaria hasta un 30%, aquí ha pasado lo contrario. Además, se han reducido los presupuestos para las cárceles y si ya antes había problemas ahora se ha exacerbado”, señala la antropóloga e investigadora experta en sistema penitenciario, Elena Azaola.

El incremento se concentra, de acuerdo con la estadística oficial, en la población detenida por delitos del fuero común (robos, extorsiones, homicidios, etcétera), por lo que las cárceles locales registran los mayores incrementos. Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León presentan, en términos absolutos, el mayor crecimiento en ingresos a sus reclusorios, aunque en general la población penitenciaria ha ascendido en 28 de los 32 estados.

El incremento de delitos de prisión preventiva automática impulsado por el actual gobierno federal es una de las razones detrás de esta alza, pero no es la única, señala Alejandro Jiménez Padilla, abogado penalista y coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana. A ello se suma el abandono de las unidades responsables de diseñar medidas alternas a la prisión y, sobretodo, la predilección de las fiscalías por encarcelar a personas para crear la apariencia de que se hace justicia efectiva.

Es un encarcelamiento de personas legalmente inocentes, dice Jiménez, que en muchos casos es tolerado y celebrado por la misma sociedad.

De acuerdo con los datos del OADRPS, al cierre de octubre pasado la cifra de personas en prisión en México ascendía a 214 mil 776, un crecimiento de casi el 7% respecto a las 200 mil 936 que había en diciembre de 2019. En números absolutos, son 13 mil 840 internos más en 10 meses.

Pese a que el registro aún no contabiliza el último bimestre de 2020, lo acumulado hasta octubre ya representa el crecimiento más rápido de población penitenciaria de la última década. Esto amenaza con revertir la disminución que se había conseguido luego de la entrada en funcionamiento del sistema penal acusatorio.

Antes de 2020, el mayor ascenso se había registrado en 2011, cuando el número de internos se elevó en 11 mil 916 personas. Al año siguiente, el total de internos creció en 8 mil 146 internos y para 2013 se volvió a elevar con 7 mil 245 más.

En 2014, la cifra de reos mantuvo un comportamiento al alza con 9 mil 304 ingresos más que al cierre del año anterior. Pero a partir de 2015 inició una tendencia de decremento que año con año se mantuvo hasta 2018, y que significó una reducción de 57 mil 650 reos en todo ese periodo.

El inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador significó también el fin de la reducción de la población penitenciaria. En 2019 se registró, por primera vez en cinco años, un repute de la población total con 2 mil 948 reos más al cierre del año, respecto a los que había en 2018.

De mantenerse la actual tendencia, para 2023 la cifra total de internos podría regresar a los niveles de 2014, año en el que había un cuarto de millón de personas en prisión.

Por otro lado, los datos del OADPRS muestran que el crecimiento en la población penitenciaria de este año se contra en el universo de personas presas de forma preventiva, pero sin condena. Mientras que en diciembre de 2019 la cifra era de 75 mil 287 personas en prisión preventiva, para octubre de 2020 ya sumaban 90 mil tres.

Al menos 4 de cada 10 personas presas está privada de su libertad sin que haya constancia real de que cometieron un delito.

En cambio, la cifra de personas en prisión que sí se probó que cometieron un delito con una sentencia condenatoria no solo no ha crecido, sino que incluso se redujo. Pasaron de 125 mil 649 en diciembre de 2019 a 124 mil 773 en octubre de 2020. Casi mil internos menos.

“El foco que debería estar en sentencias condenatorias o vías alternativas se deja en segundo plano y lo inmediato que es dejar a una persona en prisión preventiva se vuelve el objetivo real. Es una distorsión que deriva en que muy probablemente se esté castigando a personas que no lo merecen. Personas que posiblemente con un juicio más rápido estarían en libertad”, señala el abogado Jiménez Padilla.

Loa datos muestran que el ascenso de la población penitenciaria es impulsado por la detención y encarcelamiento preventivo de personas por delitos del fuero común, las cuales pasaron de 63 mil 843 en diciembre de 2019 a 77 mil 951 en octubre de 2020. Un incremento del 22%. En cambio, los detenidos y procesados por delitos federales solo ascendieron 5%.

Lo anterior se traduce en un ascenso generalizado en los ingresos a los penales estatales y municipales ubicados en 28 entidades federativas. Las únicas excepciones son Baja California Sur, Colima, Guerrero y Yucatán.

En términos absolutos, los mayores incrementos se registran en los penales del Estado de México, donde la población total este año pasó de 29 mil 837 internos a 32 mil 218, es decir, un crecimiento de 2 mil 381. Le sigue Ciudad de México, donde ascendió de 24 mil 730 a 26 mil 722, un incremento de 1 mil 992 internos, y Nuevo León que pasó de 6 mil 484 a 7 mil 919 internos, que son mil 435 más.

Pero en términos de proporción, Coahuila registra el mayor incremento en su población penitenciaria con un alza del 35.8% en apenas 10 meses, al pasar de 2 mil 169 internos a 2 mil 947. Le sigue Nuevo León con un ascenso del 22%; Tlaxcala con un 17 %; Chiapas con 16%; y Puebla con casi 14%.

De acuerdo con los expertos consultados por Animal Político, el crecimiento de la población penitenciaria atrae consigo múltiples riesgos. Uno de los más evidentes es el del agravamiento de las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación.

Los datos oficiales lo prueban: el número de centros penitenciarios en México que tienen una cantidad superior de internos respecto a sus espacios disponibles, es decir que están sobrepoblados, creció de 106 a 127 este año, y equivalen al 43.6% de todas las cárceles del país.

Y mientras que a nivel nacional se reportaban al cierre del año pasado 16 mil 618 espacios disponibles en las cárceles estatales y federales, dicha cifra ya se redujo a solo 4 mil 302, y al ritmo actual para el próximo año podría no quedar ninguno.

“Hay penales como los del Estado de México que son un infierno. Una celda pensada originalmente para 4 personas alberga a 30 personas. No hay ni aire suficiente, menos agua y espacio. Ni siquiera hay que especular con lo que puede pasar después porque la realidad es suficientemente espantosa para dar cuenta de ella en este momento”, señaló la antropóloga Elena Azaola.

La cifra creciente de personas encerradas acarrea consigo problemas de salud y más en un año de pandemia. Los esfuerzos que en su momento fueron anunciados por el Estado, como incrementar las liberaciones anticipadas o la aprobación de una Ley de Amnistía, no ha tenido efecto alguno en la despresurización de las cárceles.

“El panorama es desolador. Si de por si la gente no tenía ni medicamentos indispensables para diabetes o hipertensión arterial. Y si alguno se queja ante un juez de ejecución los acusan, hostigan o atormentan. Ahora con el COVID esto se vuelve aun más grave”, dice Azaola.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Prisiones, hasta el pasado 13 de diciembre 242 internos ya habían perdido la vida a causa de la nueva enfermedad y estos son solo los casos confirmados y reportados.

El penalista Jiménez Padilla agrega que con la saturación en las cárceles también crecen los riesgos de seguridad y de gobernabilidad en los mismos. Pero, además, un número creciente de personas en prisión preventiva significa una mayor cifra de procesos penales que pueden saturar el sistema de justicia penal y crear cuellos de botella.

El 15 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se cierra el centro penitenciario federal número 3 Noreste ubicado en Tamaulipas. Con ello se trata del cuarto penal federal que se cierra luego de que en meses previos también fueron desincorporados los centros federales ubicados en Jalisco, Tabasco e Islas Marías.

Tanto Jiménez como Azaola consideran que si bien, en apariencia el cierre de prisiones parecería un mensaje en la dirección de buscar una justicia menos punitiva y carcelaria, la explicación detrás de esto es más bien económica. Ello ya que se necesita trasladar reos hacia otros penales construidos en los últimos años en colaboración con empresas privadas, con los cuales hay recursos comprometidos por 22 años y tienen que estar ocupados.

En efecto, los datos prueban que en dichos centros penitenciarios llamados CPS ubicados en estados como Sonora, Guanajuato, Oaxaca o Michoacán, la población penitenciaria ha crecido en niveles de 10 hasta 30% tan solo en 2020.

“Son ocho centros de la iniciativa privada que casi se habían vaciado. Estaban operando a menos de media capacidad y eran elefantes blancos… monstruosos. Así que ahora se han cerrado otros para llevar a estos centros a sus internos. Y es que por esos centros se firmaron contratos por 22 años. Una locura”, señaló Azaola.

En ese contexto, la investigadora añade que se ha privilegiado el aprovechamiento de recursos para estos centros federales en lugar de destinarlo a cárceles estatales y municipales que son las que están resintiendo el crecimiento de la población penitenciaria y que se encuentran en condiciones deplorables.

“Este tipo de centros fueron un rescate a una crisis inmobiliaria. La lógica es maximizar las ganancias y reducir los costos y los costos son derechos de personas privadas de la libertad”, agrega por su parte Jiménez Padilla.

El fondo del problema, señala el penalista, es que el actual gobierno ha materializado y fortalecido una falsa salida que se sembró desde que se aprobó la reforma penal de 2008: la figura de encarcelamiento preventivo como sinónimo de justicia.

Es una formula cuya existencia se justificó inicialmente como una “medida excepcional” para delitos de alta gravedad pero que, con el paso de los años, se ha ido ampliando cada vez a más ilícitos primero con una reforma constitucional y luego con normas secundarias. Todo ello con la finalidad de cubrir el déficit que hay en las capacidades de investigación de las fiscalías en México.

“La prisión preventiva era un régimen de excepción que se ha ido convirtiendo en la regla. Lo que debería ser solo una medida cautelar se convierte en un fin, como si eso fuera justicia. Y eso se ve en los comunicados con sentido triunfalista de las fiscalías anunciando que logran vinculaciones a proceso y prisiones preventivas (…) Se aparenta contundencia y eficacia y tenemos una sociedad que, a su vez, se conforma con eso. Es un desprecio a la justicia real”, concluye Jiménez.

Fuente: https://www.animalpolitico.com/