Los legisladores mexicanos acordaron el martes posponer el debate de una polémica reforma a la ley del Banco de México (Banxico), según los críticos, podría obligar a la entidad a comprar divisas de origen ilícito y debilitar su autonomía, dijeron dos fuentes del Congreso a la agencia Reuters.
La iniciativa está programada para discutirse el martes en la Cámara baja, pero Banxico y algunos parlamentarios, incluidos miembros del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presionaron para que fuera diferida hasta que comience un nuevo periodo legislativo en febrero.
En su cuenta de Twitter, la coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez, dijo que la discusión y aprobación de la reforma será definida en otro momento.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, respaldó que la reforma sea aplazada para que exista una discusión más amplia.
Sin embargo, el autor de la reforma, el senador Ricardo Monreal, desmintió esta versión en su cuenta de la misma red social:
«La información que circula en algunos medios sobre las reformas a la Ley de Banxico no es exacta: se está conversando con todos los sectores, pero es facultad de la Cámara Diputados continuar con el trámite legislativo. Respetamos a la Colegisladora; es su función y esperaremos», dijo.
El coordinador de la bancada de diputados, Ignacio Mier, dijo que se creará un grupo de trabajo para analizar al detalle la propuesta de reforma así como generar beneficios a los mexicanos que dependen de las remesas.
La Asociación de Bancos de México (ABM) se reunió la víspera con los diputados para exponer los riesgos que representa la legislación propuesta por el senador Ricardo Monreal, que planteaba que las divisas que no sean repatriadas a su país de origen sean entregadas a Banxico.
Analistas aseguraban que la reforma enviaba una mala señal al extranjero por ser una vulneración a la autonomía del banco central.
También el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, dijo que la adquisición de los billetes y monedas extranjeros haría que el Banco de México pase de ser una entidad pública que, por sus operaciones actualmente no representa y no tiene un riesgo de lavado de dinero, a que sea clasificada de alto riesgo.
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