Un grupo de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el sureste de México, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron una suspensión definitiva del Tramo 2 del Tren Maya.
Asociaciones civiles y colectivos de la Península de Yucatán interpusieron una demanda de amparo en contra del Tren Maya, por lo que el Juzgado Primero de Distrito de Campeche dictó la suspensión definitiva de nuevas obras de este proyecto ferroviario en el tramo dos, que abarca de Escárcega a Calkiní.
De tal forma, el Gobierno Federal no podrá construir rieles, estaciones, ni los polos de desarrollo en este trecho. Tampoco podrá rellenar cenotes ni remover 800 hectáreas de vegetación, acciones que estaban contempladas en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“La ponderación de por qué la jueza otorgó como medida cautelar la suspensión definitiva tiene que ver con que hay argumentos suficientes para considerar que, de continuar con las obras, se podría generar un daño irreparable al medioambiente”, explicó Xavier Martínez Esponda, director operativo del Centro Mexicano de Derechos Ambiental (Cemda).
En rueda de prensa virtual, recordó que agrupaciones de la sociedad civil y personas indígenas de la Península interpusieron la demanda de amparo desde julio pasado, porque el Gobierno Federal, la Presidencia de la República y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), violan su derecho a un medioambiente sano con esta obra.
“El Tren Maya fragmentará los ecosistemas que hoy existen en la Península de Yucatán, principalmente los corredores biológicos y las áreas naturales protegidas. Estamos hablando de un espacio vital de múltiples ecosistemas para la biodiversidad emblemática, como es el caso del jaguar, además de que éstos son proveedores de servicios ambientales indispensables para la vida y para combatir el cambio climático”, expuso.
De acuerdo con Cemda, las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Presidencia de la República.
Pero también deberán acatar la suspensión el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).
Martínez Esponda hizo un llamado a las autoridades federales a cumplir con la suspensión definitiva y de abstenerse a construir nuevas obras en el trayecto de 236 kilómetros, que va de Escárcega a Calkiní, Campeche.
Como se sabe. el tramo dos está a cargo deGrupo Carso, consorcio del empresario Carlos Slim, y tendrá un costo de 18 mil 500 millones de pesos. Apenas en junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio de construcción y supuestamente se concluiría en 28 meses.