El Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México, con sede en el Altiplano, vinculó a proceso a Luis Antonio “N”, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso identificado como “Estafa Maestra”.
De acuerdo con las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Luis Antonio “N” participó en la comisión de esos delitos, en su carácter de socio y administrador único de una inmobiliaria vinculada con el desvío de más de siete mil 500 millones de pesos del erario a través de Universidades Públicas, en un proceso que se denominó la Estafa Maestra.
En la carpeta de investigación se estableció que esta empresa recibió la cantidad de seis millones de pesos, derivados del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dispersados mediante la simulación del Convenio de Coordinación, sin número, del 1 de septiembre de 2014.
A través de ese convenio se transfirieron recursos a una universidad del estado de Morelos, la que subcontrató otros servicios con otro grupo industrial, y que finalmente transfirió una parte de los recursos recibidos a la inmobiliaria donde Luis Antonio “N” era socio.
La triangulación de recursos, identificada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), permitió rastrear cómo la Sedesol, contrató a universidades públicas del país, y estas a su vez subcontrataron a varias empresas, muchas de ellas fachada o fantasma, y otras sí existen, pero no tienen relación con el objetivo de los contratos firmados o simplemente prestaron su nombre para emitir facturas falsas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a partir de estas investigaciones, el Juez Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México, con sede en el Altiplano, libró orden de aprehensión en contra de Luis «V», el 31 de octubre de este año.
Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron el mandamiento judicial de captura el pasado 8 de noviembre, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Fuente: Excélsior