Perú se encuentra este lunes en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.

El todopoderoso y fragmentado Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace al renunciado Manuel Merino, una semana después de destituir al popular Vizcarra por «incapacidad moral» y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y la recesión económica.

Tras las dimisiones el domingo de Merino y del jefe del Congreso, Luis Valdez, Perú se quedó sin titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, con un gabinete ministerial que también renunció dos días después de ser juramentado y con un Estado virtualmente paralizado.

Al Perú lo dejan sin un mandatario que nos pueda dirigir, estamos tristes», dijo Milagros Sánchez, una recepcionista de 40 años que trabaja en el distrito turístico de Miraflores, en el sur de Lima.

A raíz de las protestas que hemos hecho los jóvenes renunció Merino, pero la clase política aún no puede llegar a un consenso para que tengamos un nuevo presidente», declaró en tanto Ángel Lozano, estudiante de idiomas de 20 años.

Merino renunció cinco días después de haber asumido tras multitudinarias protestas en su contra, que fueron duramente reprimidas por la policía, con un saldo de dos muertos y un centenar de heridos.

En muros del centro de Lima y en el parque de Miraflores fueron levantados una suerte de altares en memoria de los dos muertos en las protestas del sábado, Inti Sotelo (24 años) y Jack Pintado (22), a quienes los activistas peruanos llaman ahora «Héroes del Bicentenario».

La fiscalía abrió este lunes una investigación preliminar contra Merino por la muerte de ambos manifestantes aparentemente a manos de la policía, informó la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.

Esta causa por «abuso de autoridad y homicidio doloso» va dirigida también contra su jefe de gabinete, Ántero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, dijo Ávalos, quien prometió que esos hechos «no quedarán impunes».

El domingo, los jefes de las nueve bancadas habían consensuado elegir a la parlamentaria izquierdista Rocío Silva Santisteban como nueva presidenta de Perú, pero luego ella no consiguió los votos necesarios para ser ratificada por sus colegas.

Los miembros del Congreso «están mandando al Perú por la borda. ¡Irresponsables!», les reprochó en Twitter la exministra de Economía y Finanzas de Vizcarra, María Antonieta Alva.

Esta fallida elección de Silva Santisteban tuvo lugar luego de que el Congreso dejara sin piso político a Merino, al pedirle que dimitiera después de haberlo catapultado en el poder.

El centrista Partido Morado, el único que se opuso en bloque a la destitución de Vizcarra, promueve ahora a su parlamentario Francisco Sagasti como candidato a presidente, pero se ignora si contará con los votos para ser ratificado por el Congreso.

Los legisladores se reunirán nuevamente este lunes en la tarde para tratar de superar el estancamiento y decidir si apoyan a Sagasti o a otro candidato de consenso para ocupar el sillón presidencial por el resto del presente periodo de gobierno, que culmina el 28 de julio de 2021.

Al mediodía (17h00 GMT), está previsto que sesione el Tribunal Constitucional y dicte su fallo sobre un recurso solicitado por Vizcarra cuando aún era presidente y enfrentaba una primera moción de destitución, de la que salió airoso el 18 de septiembre.

En esa ocasión Vizcarra solicitó que la alta corte definiera los alcances de la «incapacidad moral» de un presidente, pues la carta magna peruana no los define.

Se desconocen las implicaciones que pueda tener este fallo dos meses después de ser solicitado y cuando Vizcarra ya fue removido del poder, mientras algunos especulan que podría anular su destitución.

Para acabar con la incertidumbre, el exlegislador Víctor Andrés García Belaúnde, del partido Acción Popular (centroderecha) de Merino, propuso adelantar las elecciones generales, convocadas para abril de 2021.

La grave crisis presente demuestra, una vez más, que no solo se requiere tener legalidad sino también legitimidad social. Es hora de consultar con el pueblo. Se requiere adelantar la fecha de las elecciones presidenciales. ¿Lo hará el Congreso?», tuiteó García Belaunde.

Otros especulan que sería necesario que asuma el poder en forma provisional un alto magistrado, como la jefa del Tribunal Constitucional o el jefe del poder judicial, tal como ocurrió hace casi un siglo tras la caída del presidente Augusto B. Leguía.

Lo que parece descartado es una intervención militar. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo el domingo que mantendrá un «estricto cumplimiento a su principio no deliberante» y exhortó a la «solución pacífica de las diferencias políticas».

Fuente: Excélsior