El Gobernador Miguel Barbosa afirmó que el “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres”, debe servir para hacer visible la necesidad y obligación de que dejen de padecer este tipo de situaciones; así como fortalecer la generación de condiciones legales, institucionales y culturales para que la erradicación del maltrato sea un compromiso. En este marco, se recordó que la posición del gobierno es cero tolerancia y cero impunidad.
Por su parte Mónica Silva, subsecretaria de Igualdad Sustantiva del gobierno poblano, aseguró que los espacios que hoy las mujeres ocupan, deben vivirlos libres de violencia; por lo que la posición del Gobierno es combatir la impunidad de los delitos en contra de las mujeres; en este marco, recordó que las mujeres poblanas no están solas y el gobierno del estado da un acompañamiento permanente.
En este marco, la subsecretaria resaltó que el pasado 10 de agosto se presentó el Plan 20 20 que fue diseñado para atender las recomendaciones de la alerta de género, y añadió que están esperando la dictaminación por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) para conocer el avance en las medidas que ha implementado el gobierno.
Añadió que el plan de acción tiene una temporalidad de agosto a diciembre de este año, con la intención de generar acciones contundentes, sobre todo medibles, respecto al cumplimiento de las recomendaciones que CONAVIM plasmó en el resolutivo para el Estado de Puebla; en este sentido, en la pasada sesión del Sistema Estatal se informaron avances del 86 por ciento en el cumplimiento del Plan 20 20.
También se informó que el Gobierno del estado ha implementado campañas como “No Estás Sola” para atender la violencia durante el confinamiento por la pandemia y que ha generado un aumento en la violencia doméstica; además, por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia comprometió el funcionamiento de los juzgados indígenas; la Fiscalía General del Estado despliega un programa innovador que permitirá un acceso a la justicia pronta y expedita a la mujeres en situación de violencia, que por algún motivo no puedan alcanzar la judicialización de su situación, y en el caso del congreso del estado, está permanentemente garantizando la progresividad de los derechos humanos.